Destituyen a Procurador General que observó varias acciones de Gobierno
El Gobierno destituyó ayer del cargo de procurador general del Estado a José María Cabrera, quien había advertido irregularidades en las gestiones del Gobierno para la compra de gases lacrimógenos y material de municiones, y había cuestionado la transferencia de acciones de Elfec al considerar este proceso como un proceso de privatización.
Cabrera acusó al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, de ser el artífice de su destitución, aunque también anunció que entregará el cargo “complacido”, siempre que antes se designe a su sucesor conforme a lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE) y lo que determina el mismo decreto 4345. El mismo documento designa a Alberto Javier Morales Vargas como nueva máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, pero Cabrera pide una posesión formal.
“Es imprescindible la posesión y juramento por parte de la autoridad que nombra, que es la presidenta del Estado boliviano a la autoridad posesionada. Luego de ello, inmediatamente con alfombra roja recibiremos al procurador general del Estado designado. Mientras tanto, no puede producirse la transmisión del mando”, indicó.
Cabrera señaló también que su remoción se daba a pedido de Murillo “por la afectación en el cumplimiento de mis misiones constitucionales del caso ENDE, que está propugnando una privatización de una empresa nacional estratégica y del caso gases lacrimógenos, que son cuatro meses que no ha rendido la información requerida por la Procuraduría General del Estado”.
El aún Procurador presentó el pasado jueves su informe ante la Comisión Especial Mixta que investiga la presunta compra irregular de material no letal contra disturbios.
En la audiencia ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) precisó que el Ministro de Gobierno no remitió información alguna sobre los procesos de adquisición de gases lacrimógenos y equipos antimotines realizado por el Gobierno de transición.
“Se informó esto a la comisión mixta legislativa, lo cual desencadenó la furia del ministro Arturo Murillo, quien requirió a la presidenta del Estado la remoción del procurador”, dijo Cabrera en una entrevista en Cadena A.
Cabrera también tiene a su cargo las investigaciones sobre el presunto sobreprecio de la compra de respiradores españoles, caso del que remitió un informe el pasado jueves y en el que observa participación criminal de 13 personas.
Cabrera permaneció nueve meses en el puesto. Fue posesionado el 3 de diciembre por la mandataria y entre sus gestiones está la denuncia ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra Evo Morales por delitos de lesa humanidad.
Procurador ve participación criminal de 13 personas en caso Respiradores
La Procuraduría General del Estado (PGE) emitió su dictamen 1/2020 en el que observa “participación criminal” de 13 personas en la compra directa de 170 ventiladores españoles pulmonares, y recomienda al Ministerio de Salud, Cancillería y Ministerio Público instaurar procesos por daño económico al Estado, incumplimiento de deberes, malversación y otros.
El documento, firmado el 17 de septiembre por el procurador José María Cabrera, precisa que el costo total de la compra directa es 4.773.700 dólares, de los cuales por gestiones de la Aisem, el BID dio un anticipo de 2.028.708 dólares y el costo de traslado vía área de los ventiladores desde Madrid hasta Santa Cruz, fue de 290 mil dólares que fueron cubiertos por el Ministerio y no por el proveedor, que tenía esa responsabilidad.
El documento afirma que debido al inicio de las investigaciones por corrupción, no se realizó el segundo desembolso del 50 por ciento restante del contrato y, ante esto, el representante legal de IME Consulting, Ignacio Manuel Mazarrasa, decidió no enviar equipos con accesorios completos, incurriendo en incumplimiento de contrato.
Con relación a la participación de Ignacio Iñaqui García de la empresa IME Consulting, indica que éste tomó contacto directo con Fernando Valenzuela, del Ministerio de Salud, para la propuesta de los equipos; se puso en contacto con el Cónsul de Bolivia en Barcelona para que inspeccionen los equipos en la fábrica.
