Falta de certificados de abastecimiento pone en riesgo las exportaciones de productos de soya
La Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) y la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex) manifestaron hoy su preocupación por el riesgo en el que se encuentran las exportaciones de productos de soya, ya que hasta el momento no se emiten los Certificados de Abastecimiento Interno, documentos que la salida de productos a los mercados internacionales.
El presidente de la Cadex, Oswaldo Barriga, informó que este sector solicitó con anticipación al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural la emisión de certificados, pero no tuvo éxito. De este modo, las industrias se verán obligadas a paralizar sus exportaciones.
La paralización de ventas externas de productos agroindustriales tendrá una afectación en toda la cadena productiva, de la cual forman parte productores, transportistas, proveedores de servicios agrícolas y financieros, entre otros.
Barriga dijo que ambas instituciones esperan que se acelere la emisión de certificados para viabilizar las exportaciones que son importantes para reactivar la economía del país.
Jorge Amantegui, presidente de la Caniob, afirmó que la provisión de harina solvente de soya está garantizada para el mercado interno, pese a que el Gobierno fijó un precio que está muy por debajo del precio de oportunidad de exportación, lo que afecta económicamente a las industrias y crea un mercado negro de reventa y contrabando.
El dirigente cuestionó que, mientras la agroindustria oleaginosa tiene regulado el precio de la harina solvente de soya y cupos establecidos para el abastecimiento, el sector avícola y porcicultor, que además son beneficiados con la subvención, negocian libremente sus precios en el mercado interno.
Dijo que la agroindustria necesita tener igualdad de condiciones para negociar precios y así mantener el equilibrio necesario en toda la cadena productiva.
Explicó que si no se corrigen las desigualdades que genera el sistema regulatorio vigente, en el corto plazo la agroindustria oleaginosa no podrá aguantar financieramente la situación.
Eso afectará al sector agrícola en la compraventa de granos, a los comercializadores de insumos, a los transportistas, al Estado por la pérdida de divisas por exportaciones y al sistema financiero que deberá soportar mayores endeudamientos.
Amantegui aseguró que se pone en riesgo más de 150 mil empleos, una inversión de 1.500 millones de dólares y exportaciones cercanas a 1.000 millones.
