Proyectos de ley obligan a reponer salarios y recontratar personal
Los proyectos de ley de Derechos Adquiridos y de Garantía de la Estabilidad Laboral, que posiblemente sean aprobadas hoy, obligarán a los empleadores a devolver el salario renegociado o reducido en 2020, además de recontratar al personal despedido y pagar salarios devengados, según un análisis de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco).
El presidente de la institución, Fernando Hurtado, indicó que las normas atentan contra la seguridad jurídica de comercios formales, ponen en riesgo las fuentes de empleo dignos y arriesgan la creación de nuevos empleos.
Según el análisis, el proyecto de ley de Derechos Adquiridos define que los sueldos y salarios son un derecho adquirido, que se desprenden de los contratos laborales y que ninguna ley, convención, tratado, podrá menoscabarlos, disminuirlos o alterarlos.
De este modo, los reajustes contractuales realizados en 2020 a consecuencia de la pandemia podrían ser anulados, obligando a las empresas a asumir las obligaciones de esos reajustes.
Como ejemplo, la Cainco menciona el caso de un comercio que tenía cinco trabajadores con un salario de 4.000 bolivianos y que se vio obligado a negociar nuevas condiciones. Con cada uno acordó la reducción del 25 por ciento del salario a partir de abril de 2020. Esa reducción representa un total de 5.000 bolivianos al mes para la empresa (1.000 bolivianos por empleado).
Sin embargo, en caso de aprobarse el proyecto de ley de Derechos Adquiridos, este comercio debería reponer esos 5.000 bolivianos por 12 meses, equivalentes a 60.000, más un reajuste a los aportes patronales a la seguridad social, alcanzando alrededor de 70.000 bolivianos que el comerciante ahora adeuda a sus trabajadores, Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y Cajas de Salud.
Por otro lado, el análisis de Cainco menciona que el proyecto de Ley de Garantía de la Estabilidad Laboral prohíbe el despido y se aplica de modo retroactivo al 10 de marzo de 2020. Plantea la nulidad del derecho de cualquier despido posterior a esa fecha, lo que generaría la obligación de restituir a los empleados desvinculados y, según la misma norma, implicaría el pago de los sueldos atrasados.
En caso de que el comercio anteriormente mencionado se hubiera visto en la obligación de despedir a cinco trabajadores que percibían un salario de 4.000 bolivianos a finales de marzo, pagando a cada uno los montos correspondientes a liquidación y desahucio, ahora también deberá pagar 12 meses de salario, aguinaldo y aportes patronales a cada trabajador, con un monto aproximado a 270 mil bolivianos.
Al respecto, el economista José Gabriel Espinoza indicó que, ante la falta de un plan real de reactivación económica, el Gobierno busca frenar el desempleo cargando esta responsabilidad mediante ley a los empresarios.
“Ante la falta de un plan de recuperación y políticas efectivas para proteger el empleo, lo que se está tratando de hacer es que por norma las empresas tengan que asumir el costo de la ausencia de políticas públicas que faciliten el crecimiento de la economía”, dijo.
Espinoza coincide con la Cainco y asegura que se están vulnerando una serie de derechos que están en la Constitución Política del Estado (CPE).
“Esas leyes son un pésimo precedente si llegaran a aprobarse. En primer lugar, porque transgreden una serie de derechos (…) como el principio de retroactividad, respeto al contrato entre partes y acuerdos que se puedan alcanzar entre trabajadores y empleadores”, explicó.
CEPB rechaza aumento salarial y advierte daño
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su rechazo al acuerdo entre el Gobierno y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) que fija un incremento al salario mínimo nacional del 2 por ciento. Advirtió que habrá “graves consecuencias” para las empresas.
En criterio de la CEPB, no se tomaron en cuenta los datos que evidencian la “extrema gravedad” de la situación económica del país por efecto de la pandemia y se desestiman los pedidos y advertencias de los sectores productivos y microempresarios respecto a las consecuencias que la medida tendrá en el aumento del desempleo y la pobreza.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, minimizó los cuestionamientos del sector empresarial sobre el impacto del incremento salarial.
“Es un costo marginal en el salario mínimo nacional, no en el haber básico; si se quiere inducir a la población a pensar que esto va a incrementar las planillas salariales, no es correcto, porque la mayoría de la masa salarial está en el haber básico y no tanto en el salario mínimo”, refirió Montenegro.
Con el incremento, el salario mínimo pasará de 2.122 bolivianos a 2.162.
El incremento, además, se aplica en componentes como el bono de antigüedad y el subsidio de lactancia. Sin embargo, el acuerdo entre el Gobierno y la COB no involucra un incremento en el haber básico.
Buscan consolidar empresas sociales
Los Trabajadores Fabriles de Cochabamba celebrarán hoy el Día del Trabajador y anunciaron que iniciarán gestiones para consolidar empresas sociales.
El ejecutivo de los Fabriles, Mario Céspedes, indicó que los extrabajadores de Prossil y Sendtex, al no ser restituidos en sus fuentes de trabajo, buscarán consolidar las empresas a su favor. “El proceso recién inicia, se debe ir ante un juez laboral, pero esperamos que se pueda concretar”, dijo.
Las empresas fueron conminadas a reincorporaron a los trabajadores despedidos, pero a la fecha no lo hicieron.
