Expertos cuestionan compensación al trópico y avizoran más reclamos
El pago de 1,6 millones de dólares efectuado por YPFB Transportes S.A. a la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba en compensación por los impactos socioambientales generados por la construcción del gasoducto Carrasco-Cochabamba, se convierte en un antecedente para que otras poblaciones afectadas por proyectos energéticos exijan el resarcimiento correspondiente, señalan dos analistas en hidrocarburos.
La semana pasada, YPFB Transporte S.A. informó que la compensación obedece a los impactos generados por la construcción de mencionado gasoducto que inició en 2008. Según el reporte de la subsidiaria, las comunidades afectadas no pudieron habilitar una cuenta bancaria institucional, de modo que el pago de la compensación quedó pendiente.
Al respecto, el analista en hidrocarburos José Padilla señaló que el pago de las compensaciones debe ser definido en la ficha ambiental del proyecto, la cual es aprobada antes de la ejecución del mismo.
Por ello, el analista dice que se trata de una “dádiva” para las federaciones de cocaleros, puesto que hay asuntos políticos de por medio.
Padilla aseguró que el pago de compensaciones debe realizarse antes o durante la construcción de la obra y llegar directamente a las comunidades afectadas, no a través de las federaciones de cocaleros. Por ello, dijo que es posible que surjan reclamos de compensaciones por parte de otras poblaciones afectadas por similares proyectos.
Antecedente
Por su parte, el analista y exministro de Hidrocarburos Guillermo Torres aseguró que es un “ejemplo terrible” el pago efectuado por la subsidiaria de YPFB Corporación, puesto que con este antecedente pueden aparecer otros grupos exigiendo tener un trato similar a las poblaciones del chapare.
“Con el poder que están adquiriendo ese tipo de instituciones, se está entrando en un proceso anárquico y de pérdidas económicas para el país y eso no se debe permitir en ningún caso”, declaró Torres a Erbol.
El analista agregó que no existe un impacto ambiental de un ducto, a menos a que se rompa. Explicó también que la compensación ambiental se da en casos de exploración y explotación de hidrocarburos.
Torres calificó como “absurdo” el pago de dicha compensación y señaló que “se han inventado” un problema ambiental.
Indicó que el gasoducto en muchos lugares está totalmente enterrado a casi 80 centímetros de profundidad y que, donde no está bajo tierra, consiste en una línea de 30 centímetros. “¿Qué daño ambiental va a hacer ni a la fauna ni a la flora?”, dijo.
Señaló también que corresponde que desde el Asamblea Legislativa se pida informes al Gobierno sobre los pagos que ya se hicieron en este proyecto por el derecho de línea, y que parlamentarios hagan el trabajo de verificar la legalidad de las compensaciones.
UD: Compensación es para indígenas
Con el argumento de que “las compensaciones por impacto ambiental son para los pueblos indígenas originarios, no para los sindicatos ni para los dirigentes políticos”, Elizabeth Reyes, presidenta de Unidad Nacional, rechazó que YPFB entregue 11,6 millones de bolivianos a los sindicatos cocaleros.
Reyes dijo que “desvirtuar el espíritu de la constitución y las leyes para favorecer a grupos afines es inaceptable. YPFB no puede convertirse en otro fondo indígena”.
Denunció que la información sobre el tema no es coherente y que el pueblo boliviano se enteró del mismo a través de una declaración de Evo Morales, presidente de las federaciones cocaleras.
