El Gobierno impulsa extracción en áreas protegidas y no ecoturismo
En las últimas semanas se registraron agresiones a autoridades y grupos de la sociedad civil que defienden las áreas protegidas en La Paz y Tarija, mismas que vienen de grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) o de instituciones del Gobierno que promueven actividades extractivas antes que el desarrollo sostenible en estas zonas.
El 22 de marzo, tres integrantes del equipo técnico de Cáritas Pastoral Social Tarija fueron retenidos por funcionarios del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) cuando estos regresaban de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, donde llegaron para promover la apicultura en comunidades del lugar.
Días después, el 1 de abril, miembros de la Comisión de Medio Ambiente del Senado y de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) fueron amedrentados por grupos afines al MAS durante una inspección de minería ilegal en Chushuara, cerca al Madidi.
La presidenta de esta comisión, Cecilia Requena, calificó lo ocurrido como “muy grave” y añadió que “si alguna ventaja se puede obtener” es la visibilización del estado de desprotección de los indígenas en el lugar, sometidos a “compatriotas que creen que pueden hacer lo que quieren”.
“Ésta es una región de ecoturismo, con un potencial fantástico. Pero lo que pasa allí afecta al destino de turismo, cuando en realidad se debería reactivar este sector”, añadió la legisladora.
Cerca de Chushuara, donde el pasado martes hubo enfrentamientos por el control de la zona entre grupos afines al oficialismo, se encontró una draga con colombianos a bordo. Las autoridades y guardaparques no tenían información de esta. “Es alarmante que nadie haya sabido. No hay presencia del Estado en estos lugares”, dijo Requena.
En tanto, la diputada opositora de Tarija Luciana Campero añadió que la sociedad está alerta de los intentos de YPFB para entrar a Tariquía, donde se ha denunciado amenazas contra quienes se oponen a la actividad hidrocarburífera.
Lamentó que no exista el mismo interés en promover actividades menos dañinas para el medioambiente. “¿Cómo podemos impulsar el turismo si en este momento el Gobierno pretende generar un impacto y daño ambiental de una magnitud tan grande que ni siquiera vamos a poder generar turismo en la zona?”, cuestionó.
En opinión de Requena, la solución de fondo pasa porque el Ejecutivo detenga la otorgación de permisos para actividades extractivas en zonas protegidas. No obstante, se conoce que instituciones como la AJAM y el Sernap continúan facilitando trámites en estas áreas.
El área Astillero-X1, ubicada en Tariquía, aportaría con 500 millones de dólares, según el Ministerio de Hidrocarburos.
POSICIÓN OFICIAL
Inminente incursión de YPFB en Tariquía
El viceministro de Exploración y Explotación, Raúl Mayta, confirmó que las actividades de construcción para la actividad exploratoria en el área de Tariquía (Tarija) comenzará en próximos días.
“La actividad ha comenzado ya, ahora estamos en una etapa para iniciar las obras civiles”, manifestó la autoridad el 29 de marzo en una entrevista televisiva.
Mayta resaltó que si los resultados son positivos, el pozo Astillero-X1 tendría un potencial de 1,3 trillones de pies cúbicos (TCF) y una renta petrolera de hasta 500 millones de dólares. Minimizó el daño al medioambiente.
