Gobierno insiste en proyectos estatales pese a falta de recursos
El Gobierno nacional tiene previsto destinar 2.076 millones de bolivianos en la ejecución de 20 proyectos de industrialización en diferentes regiones. Un economista cuestiona la decisión de insistir con proyectos estatales no solamente por la baja rentabilidad de estos, sino también por la escasez de recursos económicos disponibles, situación que obliga a engrosar el endeudamiento público.
El pasado lunes, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, informó que se tiene previsto destinar mencionada cantidad de recursos para la ejecución de 20 proyectos industriales, entre los cuales se destaca la implementación de la Empresa Pública Productiva de Industrialización de la Hoja de Coca Boliviana (Kokabol) en Cochabamba.
En Santa Cruz se prevé la construcción de las plantas de almacenamiento de granos de Emapa en Pailón, la planta de bioinsumos en Pampa Grande y la planta de transformación de subproductos de soya en San Julián.
En La Paz, el Gobierno prevé construir la planta de almacenamiento y transformación de cereales de Emapa, en el municipio de Viacha; el complejo piscícola en Tiquina y el centro de almacenamiento de alimentos en Ixiamas.
Según Huanca, otros nuevos proyectos en proceso de contratación son la implementación de una industria de camélidos y la ampliación de la planta de lácteos en las localidades de Turco y Challapata, en Oruro.
Al respecto, el economista Germán Molina cuestionó la decisión de ejecutar proyectos estatales, pese a la escasa rentabilidad de los ya ejecutados.
“Sabemos muy bien que las empresas públicas no están generando los excedentes económicos necesarios para que puedan ellas cubrir, en primer lugar, sus obligaciones, porque se establecen mediante créditos internos”, dijo.
Además, Molina mencionó que el Estado boliviano no cuenta con excedentes financieros para seguir creando empresas públicas, dado que desde 2014 el país reporta déficit fiscal.
El Gobierno prevé en 2022 un déficit fiscal del 8,5% en relación con el PIB, según el Programa Fiscal Financiero.
