Balance: Déficit de empresas públicas en 2022 llega a Bs 3.844 MM, 65% más que 2021
El déficit global de las empresas públicas en 2022 llegó a 3.844 millones de bolivianos, lo que representa un aumento del 65 por ciento en comparación al año anterior, según datos del Ministerio de Economía. Asimismo, por primera vez, al menos desde 2005, se tuvo un déficit corriente de 95 millones de bolivianos.
En 2022, los ingresos totales de las empresas públicas sumaron 63.146 millones de bolivianos, y los egresos totales 66.990 millones, generando el mencionado déficit (ver infografía).
En cuanto a ingresos corrientes, se tuvo 62.627 millones y 62.721 millones de egresos corrientes.
Los déficits globales, que contemplan no sólo los ingresos y gastos corrientes, sino también los ingresos y gastos de capital, han sido continuos desde 2012 hasta el año pasado, a excepción de 2020, cuando se tuvo un superávit global de 998 millones.
El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Luis Fernando Romero, señaló que las autoridades siempre informan al público sobre las ventas y los ingresos, pero los gastos no son mencionados. “Lo que se ve con estos datos es que el gasto corriente ha sido más elevado en 2022”, dijo.
Asimismo, indicó que la causa de estas pérdidas se debe a la “mala administración” del sector público.
El Gobierno señaló en anteriores oportunidades que se debe resaltar el balance corriente y no así el global, ya que en este último se toman en cuenta inversiones que generarán rendimientos futuros.
Los Tiempos consultó la postura que tienen sobre estos últimos datos el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.
El investigador de la Fundación Jubileo, René Martínez, resaltó que, pese a que el Ejecutivo justifica los déficits globales con los gastos en inversión, éstos ya se han repetido por 10 años.
“Cualquier inversión tiene un periodo de maduración y luego hay que tener ganancias y utilidades. Estamos a más de 10 años del inicio de estas empresas públicas en algunos casos y ya deberíamos ver retornos, pero vemos que el déficit se sigue profundizando. Eso es muy preocupante en la coyuntura actual del país”, dijo.
Bolivia lleva nueve años de déficits fiscales continuos y no se espera que en 2023 esto cambie. Asimismo, actualmente se tropieza con falta de dólares en el sistema financiero y un desplome de las reservas internacionales a niveles desconocidos ya que el Banco Central dejó de publicar esta información.
Luego de conocer los datos de las empresas públicas, para Romero es evidente que la caída de las reservas no se debe únicamente a circunstancias externas como la guerra en Ucrania (como señala el Gobierno), sino a una “mala administración y un modelo que fomenta el gasto público”.
El Gobierno anunció recientemente mayor inversión en empresas e industrias públicas: una industria química por 3.409 millones de bolivianos, una planta de industrialización de la coca en los Yungas de La Paz, plantas de papa y aceites en El Alto por 231 millones de bolivianos, entre otras.
Tanto Romero como Martínez coincidieron en que, en lugar de destinar recursos a más empresas deficitarias, se debería evaluar cuáles son rentables y cuáles no. Existe, según ellos, un intento de justificar la existencia de estas instituciones por afanes políticos, en lugar de reconocer que algunas de ellas sólo generan gasto.
Sugieren impulsar al sector privado
Los analistas entrevistados señalaron que el Ejecutivo, en lugar de destinar más recursos en empresas públicas que no generan rentabilidad, debería facilitar e impulsar el desarrollo de empresas privadas formales que aporten al país a través de tributos y generen empleos de calidad.
“En vez de empresas públicas deficitarias, el Gobierno debería generar más bien políticas adecuadas para que el sector productivo, a través de pequeñas, medianas y grandes empresas, genere empleo. Eso se puede lograr a través de ajustes”, dijo Martínez.
Romero dijo que ninguna economía prospera sólo con el aumento del tamaño del Estado. En el caso de Bolivia, éste genera déficit.
