YPFB prevé desarrollar en Mayaya otras cinco estructuras similares al pozo X1
La inversión del Estado en el pozo Mayaya X-1, ubicado en el municipio de Alto Beni, provincia Caranavi de La Paz, demandó una inversión total de 76,8 millones de dólares y se prevé que, en torno a este reservorio, se desarrollen cinco estructuras aledañas similares, de acuerdo con el informe presentado ayer por el titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen.
En el sector se encontró un reservorio que, de acuerdo con las previsiones técnicas, contiene 1,7 trillones de pies cúbicos de gas natural y podrá rendir una cantidad aún no especificada de barriles diarios de petróleo.
Una comitiva de autoridades y técnicos de Yacimientos, junto a periodistas, se trasladó ayer, martes, a la zona en cuestión, donde Dorgathen aseguró que es posible que petroleras privadas ingresen a esta región del norte tropical paceño para explorar nuevos depósitos de hidrocarburos.
Sin embargo, aclaró que este sector es de explotación exclusiva del Estado.
Desde 2006, YPFB planificó actividades de prospección y exploración en el norte de La Paz, sin éxito hasta que, en homenaje a la efeméride departamental paceña, el presidente Luis Arce Catacora anunció el descubrimiento de este megacampo hidrocarburífero en la provincia Caranavi.
El hallazgo de hidrocarburos permitió probar la existencia de un sistema petrolero eficiente en el Subandino Norte Este, hecho que ofrece la esperanza de mantener a Bolivia como un importante exportador de gas e impulsará una segunda era de producción de hidrocarburos.
Empresa privada podrá participar
“Cualquier empresa privada internacional que quiera participar dentro del Subandino Norte va a poder (hacerlo)”, pero el desarrollo de Mayaya será atribución exclusiva de YPFB, dijo el presidente de la estatal.
La Constitución establece que los hidrocarburos “son de propiedad (...) del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración (...)”, pero está permitido que empresas privadas participen en el circuito productivo bajo reglas de fiscalización para que paguen tributos y regalías.
