Autoridad de minería denuncia acciones de grupos armados
El director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Jaime Sanabria, advirtió que grupos armados operan en zonas de minería ilegal y aseguró que el Estado ha perdido gobernanza en varias áreas con recursos minerales, donde las inspecciones y operativos son repelidos con armas de fuego y explosivos.
"Lamentablemente es duro decirlo, pero es una realidad. (...) Allá donde hemos entrado desde noviembre del año pasado, (...) las intervenciones han sido repelidas por grupos armados o utilizando dinamita, (armas) de fuego y están los registros y esta es una realidad que debemos afrontar como Estado", afirmó la autoridad en el noticiero Bolivia en Contacto de la red Erbol.
Añadió que "el Estado está perdiendo gobernanza o ha perdido en las últimas décadas gobernanza sobre muchas áreas del territorio nacional donde se encuentran los recursos minerales".
Sanabria explicó que desde noviembre de 2025 la AJAM realizó intervenciones en Pando, La Paz, Beni y Potosí, entre otras regiones, donde sus funcionarios fueron repelidos por grupos armados con dinamita y armas de fuego.
Señaló que la minería ilegal dejó de ser solo un problema administrativo y ambiental para convertirse en uno que afecta la soberanía, la seguridad y la gobernanza.
Las declaraciones de Sanabria se producen luego de que la AJAM denunciara que una comisión técnica fue emboscada y atacada con piedras y disparos de arma de fuego mientras realizaba labores de inspección, fiscalización y control en áreas mineras de la provincia Larecaja, entre los municipios de Mapiri y Tacacoma, en el departamento de La Paz. La institución anunció que activará las acciones legales correspondientes y reforzará la coordinación con las autoridades competentes.
La autoridad también informó que la AJAM coordina acciones con la Policía, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y autoridades ambientales para ejecutar operativos de mayor magnitud con el objetivo de recuperar áreas afectadas y restablecer la presencia del Estado en esos territorios.
Asimismo, alertó que más del 80% de la actividad minera en Bolivia es informal o ilegal y sostuvo que esta problemática está vinculada con delitos como el tráfico de armas, el contrabando y el lavado de dinero.
Añadió que la minería ilegal también avanza sobre áreas protegidas, por lo que consideró urgente fortalecer los controles y formalizar a los actores del sector.
