Acuerdo con el FMI incluye medidas de impacto social
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno boliviano y el Fondo Monetario Internacional (FMI) contempla la aplicación de medidas para fortalecer las redes de protección social y evitar que el costo del ajuste económico recaiga principalmente sobre las familias pobres y los sectores más vulnerables.
“Un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezado por la Sra. Joana Pereira, sostuvo conversaciones con las autoridades bolivianas en Bolivia y en Washington, D.C., entre mayo y julio de 2026 sobre un posible Servicio Ampliado del FMI (SAF). Al concluir las deliberaciones, la Sra. Pereira emitió la siguiente declaración:
“Las autoridades bolivianas y el personal técnico del FMI han alcanzado un acuerdo a nivel del personal técnico sobre un programa de 36 meses en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF), por aproximadamente 1.900 millones de dólares, equivalentes a DEG 1.369 millones de dólares, o 570% de la cuota, destinado a respaldar el programa de reformas económicas del gobierno boliviano. El acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI y a la implementación de las acciones previas acordadas”, señala un artículo publicado en la página web del FMI.
Entre “los elementos clave del programa de las autoridades del Gobierno boliviano” está el fortalecimiento de “las redes de protección social.
“Se asignarán recursos presupuestarios adicionales al gasto en protección social para garantizar que la consolidación fiscal no recaiga sobre los pobres y los más vulnerables. Los esfuerzos también se centrarán en mejorar la prestación y focalización de los programas sociales, aumentar la eficacia de la red de protección social, reducir la informalidad y generar mejores oportunidades de empleo”, refiere la declaración de Joana Pereira.
Objetivo de ese componente
El objetivo es que la reducción del déficit fiscal y las medidas de ajuste no profundicen las dificultades económicas de quienes tienen menores ingresos.
El secretario del Comité de Política Financiera de la Cámara de Diputados, José Luis Porcel, economista, diputado por Tarija de la bancada de la Alianza Libre, comparó esta con el antiguo Fondo Social de Emergencia, creado por el Decreto 21060 el 29 de agosto de 1985, como un mecanismo dirigido a mitigar el impacto social de las medidas económicas de ajuste estructural aplicadas en ese entonces.
Según explicó Porcel, lo mismo que hace 41 años, se trata de evitar la generación de mayor pobreza o conflictos sociales.
Programas sociales más amplios
El programa actual también plantea mejorar la cobertura y focalización de los programas sociales, hacer más efectiva la ayuda estatal, reducir la informalidad y generar mayores oportunidades de empleo.
Porcel explicó que estas medidas adquieren mayor importancia cuando un programa de ajuste puede provocar un aumento de la pobreza o generar descontento social. En ese contexto, sostuvo que también se busca proteger partidas esenciales destinadas a salud y educación durante un periodo de contracción económica.
El acuerdo forma parte de un programa de 36 meses bajo el Servicio Ampliado del FMI (SAF), por aproximadamente 1.900 millones de dólares, destinado a respaldar las reformas económicas impulsadas por el Gobierno de Rodrigo Paz.
De acuerdo con el FMI, este financiamiento también podría facilitar el acceso de Bolivia a nuevos créditos del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos internacionales. El objetivo es conformar un paquete de financiamiento que alcance al menos a 5.000 millones de dólares en los próximos tres años.
Problemas acumulados
El organismo internacional indica que Bolivia enfrenta varios problemas acumulados, entre ellos déficits fiscales persistentes, menor producción de hidrocarburos, reducción de las reservas internacionales, elevada inflación y distorsiones en los mercados cambiario y de productos.
Frente a este escenario, el Gobierno puso en marcha un programa de reformas orientado a recuperar la estabilidad económica y ordenar las cuentas públicas, además de modificar el régimen monetario y cambiario y fortalecer la política monetaria.
Porcel señaló que uno de los compromisos asumidos por el Gobierno es llegar a “cero de déficit fiscal”, además de fortalecer la gobernanza y la autonomía operativa del Banco Central de Bolivia.
El programa también contempla reformas para mejorar el clima de negocios, reducir las distorsiones en los mercados, fortalecer las instituciones y mejorar las condiciones para la inversión y la generación de empleo.
Asimismo, el acuerdo incluye medidas destinadas a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, fortalecer los mecanismos de contratación pública y reforzar las políticas de lucha contra la corrupción.
