Alza de precios: Defensor exige al Estado acciones ante riesgo de vulneración del derecho a la alimentación
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó hoy sobre el riesgo inminente de regresión en el ejercicio del derecho humano a la alimentación en Bolivia y exigió al Estado acciones urgentes. Un monitoreo de precios realizado entre junio y agosto de 2026, pone en evidencia una “sostenida” alza de precios que responde a razones estructurales que desgasta la economía de familias bolivianas.
“Persiste el riesgo en el ejercicio del derecho a la alimentación y afecta a la dignidad de las personas, particularmente a las personas en situación de vulnerabilidad. Reiteramos es una alza sostenida y no coyuntural que está limitando el derecho a la alimentación (…) Es una alerta a las autoridades para que puedan tomar las medidas correspondientes”, aseveró el Defensor del Pueblo en conferencia de prensa.
Explicó que la investigación analizó una canasta de 21 productos de consumo masivo (alimentos secos, verduras, frutas y carnes) seleccionados según el listado del Instituto Nacional de Estadística (INE). Asimismo, se concluyó que el presupuesto familiar es insuficiente para cubrir la alimentación: el porcentaje de hogares que no logran cubrir este gasto aumentó del 63% en junio al 76% en agosto de 2026.
El informe en su parte cualitativa advierte que en busca de cubrir sus necesidades nutricionales, las personas adultas mayores, personas con discapacidad y jefas y jefes de hogar optan por comprar alimentos de menor precio, redujeron el número de comidas al día, prescinden de ciertos productos, reciben apoyo (familiares, institución), utiliza ahorros o pide alimentos prestados.
Ante las preocupantes conclusiones del monitoreo, la Defensoría del Pueblo, emitió cuatro recomendaciones urgentes al Estado. Al nivel central (Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua) insta a fortalecer los mecanismos de monitoreo y seguimiento de precios para adoptar medidas que mejoren la accesibilidad económica de los alimentos.
Al nivel departamental y municipal (Ministerio de la Presidencia, Gobiernos Autónomos Departamentales – GADs, y Gobiernos Autónomos Municipales - GAMs) se exige coordinar programas de apoyo y seguimiento continuo para asegurar el acceso a alimentos de poblaciones vulnerables.
En cuanto a los GAMs, la Defensoría del Pueblo pide intensificar los operativos periódicos de control en mercados locales, verificando estrictamente el cumplimiento del peso y la medida justa. Asimismo, fortalecer de manera prioritaria los mecanismos de atención y recepción de denuncias ciudadanas sobre sobreprecios e incumplimiento de peso justo.
