Frenan audiencia de puente hundido
Después de que el Juzgado Anticorrupción del Tribunal de Justicia suspendió la audiencia cautelar contra el exalcalde Edwin Castellanos por el colapso del puente Independencia, por un recurso de prejudicialidad hasta que el informe de la Contraloría concluya, el gerente regional de esta institución, David Barriga, dijo que la presentación del documento final no debería ser un impedimento.
Barriga mencionó que la Sentencia Constitucional 0126/2013 señala que la existencia de un proceso extrapenal no es suficiente para suspender un caso. En febrero, la Contraloría emitió un informe preliminar que halló indicios de daño económico en el proyectista Nelson Vega y la constructora Álvarez de 11,3 millones de bolivianos.
El alcalde José María Leyes advirtió tras la suspensión que hay la intención de liberar de culpa a los implicados en el colapso y que han transcurrido ocho meses sin resultados a diferencia de otros procesos que se agilizan contra opositores como Rubén Costas en Santa Cruz y profesionales como el abogado Eduardo León, en La Paz.
La sesión que estaba destinada a considerar las medidas cautelares para asegurar que los cinco imputados: el exalcalde Edwin Castellanos, el representante de la empresa Álvarez, el proyectista de la obra Nelson Vega y los exfuncionarios Osvaldo Delgadillo y Sergio Rodríguez, estén presentes en la investigación se suspendió, porque el abogado Marco Miranda argumentó que antes se debe tener el informe final de la Contraloría.
La jueza anticorrupción, Sarah Céspedes, aceptó al recurso y recién detectó errores en la imputación de la Fiscalía. El Ministerio Público tiene 24 horas para subsanar las fallas y la audiencia se reinstalará el 23 de junio.
El asesor general de la Alcaldía, Sergio Coca, mostró su desacuerdo con la decisión. “La juez encontró errores en la imputación y nos sorprende que recién los note. El 23 de junio, no va a haber detención de nadie, eso dejó claro la juez. La justicia no es imparcial”, afirmó.
El exconcejal Rolando Cáseres recomendó a Leyes “q’oarse”, porque se le mueren los peces y entrega obras de Castellanos; por lo que, el secretario ejecutivo, Álex Contreras, dijo que “la ignorancia es atrevida” y que por primera vez se ejecutan 1.828 proyectos en un año.
El próximo 22 de junio se cumplirán ocho meses del colapso.
USAN PERITAJE EN SU DEFENSA
La mayoría de los procesados intenta armar su defensa a partir de los resultados que arrojaron los informes de los peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de la Fiscalía.
Los resultados identificaron como la causa principal del colapso una falla en el sistema de anclajes de cuñas cuando debió usarse uno tipo rosca. Y añaden que la contratación como supervisor del ingeniero que hizo el proyecto contraviene la normativa.
La abogada de Edwin Castellanos, María Teresa Solíz, indicó que la auditoría forense demuestra que el exalcalde hizo lo que le correspondía como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).
“El informe dice que se han cumplido todos los pasos legales para la contratación, entonces lo favorece. Sobre el supervisor, se ha pedido una complementación al órgano rector, que es el Ministerio de Finanzas, que indicó que no hay tal vulneración”, señaló.
Por otro lado, el abogado de la empresa Álvarez, Jorge Iriarte dijo que demuestran que en Bolivia no se conocía sobre la inseguridad de este sistema de anclajes hasta que colapsó el puente.
OPINIONES SOBRE PROCESOS Y SUSPENSIÓN
David Barriga, Contraloría
(El proceso en la Contraloría) No tendría que ser un obstáculo para que continúe el proceso. Existen referencias como la Sentencia Constitucional 0126/2013, donde en un caso en el que existía un proceso de informe aclaratorio extrapenal se señala que no es debida fundamentación que merezca la suspensión del proceso penal que se llevaba a cabo. Por ello, no debería haber sido motivo de obstáculo para que se realice la audiencia, ayer.
José María Leyes, alcalde
Nos preocupa la “chicanería”. No deja de retardarse la justicia, porque veo que en La Paz, en el caso León no pasan semanas y ya se tienen a personas detenidas, pero aquí parece que hay una intencionalidad de liberar a los culpables y que no se haga justicia. Ya estamos ocho meses y la justicia se está demorando en dar respuesta a la población cochabambina. Nosotros vamos a seguir trabajando para que los responsables cumplan las sanciones.
Marco Miranda, abogado
Hemos planteando la excepción de prejudicialidad. Esto significa que existe un proceso paralelo, fuera del ámbito penal que está llevando a cabo la Contraloría General del Estado y no nos permite continuar como debería.
Lo correcto es que se espere la emisión del informe final de esta institución para continuar con el proceso penal. La Contraloría manifestó que en unos tres meses se conocería el documento final.
Edwin Castellanos, exalcalde
Los peritajes son muy importantes, porque aclaran la causa del colapso, que se debe a un tema técnico. Se llenaron la boca hablando de temas políticos. Mi responsabilidad fue planificar una Cochabamba mejor. Hasta la recepción provisional no hubo ningún problema de fondo (...) Consulté la norma y no había ningún conflicto para contratar a Nelson Vega como supervisor, porque eran contratos distintos cuando fue diseñador.
