Sobreviviente declara contra ex militares
Miami | Ap
Una sobreviviente de una masacre perpetrada por el ejército peruano hace casi 20 años declaró el lunes en un juicio contra dos ex oficiales militares.
Teófila Ochoa tenía 12 años en 1985, cuando se produjeron las masacres en las que murieron 69 personas, entre ellas su madre y cinco hermanos menores. En la corte, describió cómo los soldados violaban y torturaban mujeres y niños.
"Me dolía la cabeza, me dolía el corazón, yo me quería morir", dijo Ochoa. "No tenía a nadie porque perdí a quien más quería".
Los acusados son Telmo Ricardo Hurtado y Juan Rivera Rondón, comandantes de unidades militares peruanas en la llamada Masacre de Accomarca. Sucedió en medio de una guerra civil entre el Gobierno y los guerrilleros de Sendero Luminoso.
La unidad de Rendón cerró una ruta de escape en una aldea en el altiplano andino mientras los hombres de Hurtado registraban las casas, según documentos de la corte. Los soldados de Hurtado encerraron a decenas de personas en dos edificios y abrieron fuego, según la acusación.
El juicio fue entablado bajo el Estatuto de Delitos Extranjeros y Ley de Protección de Víctimas de Tortura, que permite a ciudadanos de otros países iniciar juicios por violaciones del derecho internacional si el acusado vive o posee bienes en Estados Unidos.
Hurtado llegó a Estados Unidos en 2002 y recientemente cumplió una condena de seis meses en una prisión federal en Miami por mentir al solicitar su visa. Sigue preso mientras se ventila un pedido de deportación en su contra. Rondón vivía en Montgomery, Maryland, desde principios de los 90 y está preso en ese estado bajo cargos inmigratorios.
Hurtado asistió brevemente a la audiencia, pero se le permitió salir después que dijo al juez federal Adalberto Jordán que carecía de representante legal y no quería participar.
El Centro por la Justicia y la Responsabilidad, un grupo defensor de derechos humanos con sede en San Francisco, inició los juicios en Miami y Greenbelt, Maryland, en nombre de Ochoa y Cirila Pulido, quien tenía 12 años cuando los soldados mataron a su madre y hermano. Acusan a los ex oficiales de crímenes de guerra, tortura, crímenes de lesa humanidad y matanza ilegal, y solicitan indemnizaciones por montos no especificados.
