El Constitucional español suspende el acuerdo soberanista de Cataluña
Madrid y Barcelona |
El Tribunal Constitucional (TC) español suspendió ayer provisionalmente un acuerdo del Parlamento de Cataluña (noreste) que defiende que esa región es un “sujeto jurídico y político soberano” mientras la Cámara creó una comisión que trabaje por el derecho de los catalanes a decidir su futuro.
La suspensión de ese acuerdo de la Cámara regional catalana de enero pasado es resultado de la impugnación presentada por el Gobierno central y ahora el Constitucional dispondrá de cinco meses para entrar a analizar a fondo el asunto.
Se trata de la primera vez en más de tres décadas de democracia que ese Tribunal suspende un acuerdo de un parlamento autonómico.
El Gobierno español, del conservador Partido Popular (PP), impugnó el acuerdo de enero, respaldado por los conservadores nacionalistas catalanes de CiU (en el poder en la región) junto a dos formaciones de izquierda, ERC e ICV.
En marzo, el Parlamento catalán aprobó otro acuerdo, en una línea similar al anterior, que contó con el apoyo adicional de los socialistas del PSC.
El TC consultó a la Cámara regional cuál de los dos acuerdos era el válido y ésta respondió que ambos lo eran, de modo que el segundo no anula el primero.
Lo que el Parlamento catalán pretendía con ese acuerdo era instar al Gobierno regional (de CiU) a “iniciar un diálogo” con el Ejecutivo central para celebrar una consulta de autodeterminación en Cataluña.
Por su parte, el Gobierno central impugnó a principios de marzo el acuerdo por considerar que vulnera la Constitución española de 1978.
La decisión de ayer del TC, que resolverá definitivamente antes de cinco meses, fue criticada por el presidente de la autonomía catalana, Artur Mas, quien la calificó de “insólita, altamente preocupante y profundamente decepcionante”.
“Es tremendamente preocupante que un parlamento elegido y constituido democráticamente no se pueda ni pronunciar, ni aprobar una declaración”, dijo.
Unas horas más tarde, la Cámara autonómica aprobó la creación de una comisión que trabaje por el derecho de los catalanes a decidir su futuro político, en una votación que estaba fijada con anterioridad.