Constituyente destituye a fiscal general de Venezuela
CARACAS |
La Asamblea Constituyente del presidente venezolano, Nicolás Maduro, inició hoy sus funciones removiendo del cargo a la fiscal general, Luisa Ortega, que acusa al mandatario de tener una "ambición dictatorial".
También determinaron que la Constituyente legislará hasta por dos años.
La fiscal será sometida a un juicio por supuestas irregularidades, anunció más temprano el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado de servir al gobierno-, al suspenderla de sus funciones.
"Ante el inexorable vacío que existe allí (...), propongo que sea removida de su cargo la señora Luisa Ortega Díaz, no suspendida. No es un linchamiento personal, político, sino cumplir con la ley", dijo el constituyente y poderoso líder chavista, Diosdado Cabello.
Ortega, una chavista de 59 años, será reemplazada provisionalmente por el defensor del pueblo, Tarek Wailliam Saab, de línea oficialista.
Más temprano, la jefa del Ministerio Público denunció que militares de la Guardia Nacional le impidieron entrar a su despacho.
"Esto es una dictadura, el atropello que se está viviendo en Venezuela, la represión, no solamente que están deteniendo arbitrariamente a las personas, las procesan con justicia militar, sino que ahora no dejan entrar a la fiscal general", había dicho a periodistas.
Ortega, que llegó y se fue rápidamente en una moto con escoltas, dijo que seguirá "luchando por los derechos humanos y el respeto a libertad", que según ella se "perdió" en su país.
Constituyente por dos años
La funcionaria atribuyó la ofensiva en su contra a un intento por "esconder la corrupción" y las "violaciones de derechos humanos" que se han dado en el marco de las protestas opositoras iniciadas hace cuatro meses, con saldo de 125 muertos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyas decisiones desestima el gobierno, otorgó el viernes medidas cautelares de protección a la fiscal, por considerar que su vida e integridad están en "riesgo inminente".
La Constituyente tomó otra medida que estremece el ya convulso escenario político, al decidir que su período de funciones será de hasta dos años.
De abarcar todo el período, iría más allá del mandato de Maduro, que concluirá en enero de 2019.
La oposición, que exige elecciones generales en sus manifestaciones y desconoce la legitimidad de la Constituyente, no reaccionó aún a estos anuncios.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) considera que dicha asamblea es un "fraude" para mantener a Maduro en el poder e instaurar en Venezuela un sistema político similar al de Cuba, de partido único y donde la oposición es ilegal.
La Constituyente, presidida por la excanciller Delcy Rodríguez, activará además una Comisión de la Verdad que, según Maduro, investigará los "crímenes de la derecha" en las protestas.
Fuera del Mercosur
En medio del remezón de las primeras medidas de la Constituyente, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, fundadores del Mercosur, suspendieron a Venezuela del bloque por "ruptura del orden democrático".
"La suspensión de Venezuela fue aplicada en función de las acciones del gobierno de Nicolás Maduro y es un llamado para el inmediato inicio de un proceso de transición política y restauración del orden democrático", señalaron en un comunicado los cancilleres de los cuatro países en Sao Paulo.
Maduro y dirigentes oficialistas han advertido que la asamblea, un "suprapoder" que reescribirá la Carta Magna promulgada en 1999 por el fallecido expresidente Hugo Chávez, también "pondrá orden" en el Parlamento, de mayoría opositora.
La asamblea decidió que dispondrá de todos los espacios del Palacio Legislativo y no solo del hemiciclo, donde sesiona el bloque opositor.
Aunque el mandatario prometió que la nueva Constitución se sometería a referendo, los asambleístas tomarán decisiones de aplicación inmediata como las de este sábado.
Frente a la presión de la comunidad internacional, Delcy Rodríguez lanzó una advertencia el viernes al instalarse la Constituyente: "No se equivoquen (...) Los venezolanos resolveremos nuestro conflicto, nuestra crisis, sin ningún tipo de interferencia extranjera".
Estados Unidos no reconoce la legitimidad de la Constituyente, al igual que una decena de gobiernos latinoamericanos y la Unión Europea. El Vaticano pidió también echarla atrás, al señalar que fomenta "un clima de tensión".
El inicio de funciones se da en medio de denuncias de "fraude" en las votaciones del pasado domingo para elegir a los 545 delegados.
