ONU acusa al gobierno de Maduro de "maltratar y torturar" a manifestantes y detenidos
Las fuerzas de seguridad venezolanas han maltratado de forma sistemática y generalizada a miles de manifestantes y han detenido de forma arbitraria al menos a 5.000 personas, muchas de las cuales sufrieron "torturas" durante su arresto o reclusión, denunció hoy la ONU.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un informe preliminar sobre la situación en Venezuela, cuya información recabó con 135 entrevistas a testigos realizadas a distancia -desde Ginebra y Panamá- ante la negativa del Gobierno a darles acceso al país.
De estas pesquisas, las primeras de estas características llevadas a cabo por la ONU, se desprende que desde que la ola de manifestaciones comenzó en el mes de abril, el Gobierno ha aplicado un "patrón evidente" de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes opositores.
El documento señala a la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional y los cuerpos de policía locales.
"Varios miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de ellas han sido víctimas de malos tratos e incluso de torturas. Y no hay indicios de que esa actuación vaya a cesar", denunció en un comunicado el comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein.
"La responsabilidad de las violaciones de derechos humanos que estamos registrando corresponde a los más altos niveles del Gobierno", opinó.
Los entrevistados -víctimas, doctores, abogados, periodistas y paramédicos- relataron cómo las fuerzas de seguridad habían disparado sin previo aviso gases lacrimógenos y perdigones contra los manifestantes antigubernamentales.
Varias de las personas entrevistadas afirmaron que cartuchos de gas lacrimógeno fueron disparados a corta distancia y que la policía usó como munición canicas, perdigones, tuercas y tornillos.
Según las fuentes, las fuerzas de seguridad también habían recurrido al uso de fuerza letal contra los manifestantes.
Un total de 124 personas han muerto en esta ola de protestas, 73 de ellas a manos de las fuerzas de seguridad o de grupos afines.
"Según el análisis del equipo de investigadores, las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 de esas muertes, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados 'colectivos', serían responsables de otros 27 fallecimientos", especificó la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, al presentar el informe en una rueda de prensa.
Consultada sobre el resto de las muertes, respondió que "aún no está claro quién las perpetró".
Asumió que algunos manifestantes también han actuado de forma violenta "pero esto no justifica en forma alguna la represión generaliza y sistemática llevada a cabo por las fuerzas de seguridad".
Además de los fallecidos, se han contabilizado 2.000 heridos.
"La información compilada por el equipo indica que los 'colectivos' armados, montados en motocicletas, suelen atacar y acosar a los manifestantes. En determinados casos también les disparan con armas de fuego", denuncia el informe.
La represión se ha concretado también en al menos 5.000 detenciones arbitrarias registradas. A día de hoy aún hay un millar de detenidos, de acuerdo con la ONU.
"En varios casos examinados hay indicios verosímiles de que las fuerzas de seguridad han infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos, y que en algunas ocasiones han recurrido a la tortura", especifica el texto.
Shamdasani agregó que en "casi todos los casos" investigados por los expertos se registró el uso de tratos crueles a los detenidos "que pueden considerarse como tortura".
Entre los métodos denunciados por los testigos figuran choques eléctricos; golpizas con cascos y porras mientras los detenidos estaban esposados; la práctica de colgar a los reos de las muñecas durante periodos prolongados; asfixiarlos con gases; y amenazarlos con la muerte -y en algunos casos con violencia sexual- a ellos y a sus familiares.
Esos abusos ocurren "en plena ruptura del Estado de Derecho en Venezuela, con ataques constantes del Gobierno a la Asamblea Nacional y a la Oficina de la Fiscal General", agregó Zeid, que denunció la destitución de Luisa Ortega y pidió medidas de protección para la exfiscal.
El comisionado instó a las autoridades venezolanas a poner fin de inmediato al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, a cesar las detenciones arbitrarias y a liberar a todas las personas que han sido detenidas ilegalmente.
Asimismo, pidió que se suspenda el uso de tribunales militares para juzgar a los civiles.
Finalmente, instó a las autoridades a que garanticen la investigación independiente y eficaz de las violaciones de derechos humanos en las que estén involucrados los cuerpos de seguridad y los colectivos.
