Maduro enfrenta reclamo mundial para que aclare muerte de concejal
La muerte del concejal opositor Fernando Albán desató ayer una ola de acusaciones contra el Gobierno venezolano por tratarse de un considerado “preso político” que estaba bajo custodia de las autoridades cuando se suicidó según la Fiscalía, aunque esta versión ha sido ampliamente rechazada.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), la Iglesia católica, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y varios Gobiernos han pedido al Ejecutivo de Nicolás Maduro una investigación independiente que determine responsabilidades en este caso.
La primera instancia internacional en pronunciarse este martes al respecto fue la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de ONU al indicar que investigará este suceso ocurrido el lunes dentro de los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas.
La portavoz de la oficina, Ravina Sahmadasani, explicó desde Ginebra que la muerte en custodia del concejal Albán será uno de los asuntos que incluirá la investigación sobre las violaciones de los derechos humanos que realizará la entidad.
Luego, la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, instó a Caracas a llevar a cabo una investigación “rigurosa e independiente”.
En el ámbito internacional también gobiernos como los de EEUU, Brasil y España sumaron votos para que se permita esclarecer este hecho y determinar responsabilidades, siempre resaltando que se trata de la muerte de alguien que estaba bajo custodia del Estado.
En Venezuela, la Conferencia Episcopal (CEV) puso en duda el “suicidio”, tal y como informó la Fiscalía, y pidió que se aclaren los hechos, pues señalan que el opositor tenía “profundas convicciones religiosas”.
Los obispos venezolanos señalan que las dudas se producen porque “todo detenido está bajo resguardo de los órganos de seguridad del Estado quienes se hacen responsables de su integridad física”.
Los diputados fueron más allá en sus posiciones al denunciar presuntas torturas y la simulación del suicidio.
El legislador Juan Miguel Matheus aseguró ayer que Albán fue víctima de torturas “con asfixia mecánica con una bolsa en la cara, por inmersión en un barril de agua, pretendiendo ahogarlo, y con electricidad (...) y en eso perdió la vida, en eso murió”.
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, responsabilizó al Gobierno del “homicidio” de Albán y pidió a la ONU y a la Organización de Estados Americanos (OEA) investigar su muerte, pues rechazan la versión oficial de suicidio.
Medios locales mostraron en horas de la tarde una fotografía de la supuesta autopsia practicada al cuerpo de Albán según la cual el deceso se produjo por traumatismos y shock posteriores a una “caída de altura”.
LLAMA A CONSULTAS A SU EMBAJADOR
El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, convocó al embajador de Venezuela, Mario Isea, para pedir explicaciones por las circunstancias que rodean la muerte de un concejal opositor venezolano detenido.
Borrell transmitió a Isea su “más profunda preocupación” por el fallecimiento “en circunstancias aún no esclarecidas” de Albán mientras se encontraba encarcelado en las dependencias del Servicio Bolivariano de Inteligencia por el atentado fallido contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto, informó el Ministerio español en un comunicado.
