El Gobierno de Nicaragua reporta 340 presos por protestar contra Ortega

MANAGUA | 

 

El Gobierno de Nicaragua informó hoy que un total de 340 personas se encuentran en las cárceles del Sistema Penitenciario Nacional por protestar contra el presidente Daniel Ortega en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país y que ha dejado cientos de muertos desde abril.

 

Según un informe del Sistema Penitenciario Nacional, la cantidad de presos y presas "golpistas" se elevó de 273 hasta 340 entre el 5 de noviembre pasado a la fecha.

 

Del total de detenidos por su participación en el "fallido intento de golpe de Estado", a como el Gobierno tilda las protestas callejeras que comenzaron en abril, 316 son hombres y 24 mujeres, de acuerdo con el informe.

 

El portal gubernamental El 19 indicó que 161 de esos detenidos recibieron ayer una visita familiar extraordinaria y el resto gozará de ese beneficio este martes, con motivo de Navidad.

 

"De esta manera el Gobierno de Nicaragua respeta y garantiza los derechos humanos de los terroristas presos en el Sistema Penitenciario", señaló ese medio oficial.

 

Organismos humanitarios locales cuentan hasta 674 "presos políticos" desde el estallido social contra Ortega el 18 de abril pasado.

 

Nicaragua vive una crisis sociopolítica desde abril pasado que ha dejado, en el marco de protestas antigubernamentales, entre 325 y 545 muertos, según organismos humanitarios locales e internacionales, mientras el Gobierno reconoce 199 víctimas.

 

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.

 

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social, y se convirtieron en una exigencia de su renuncia, debido al saldo mortal de las manifestaciones.