Nicaragua retoma negociaciones en busca de una salida a la crisis

MANAGUA | 

 

El gobierno y la oposición de Nicaragua arrancan hoy una nueva ronda de negociación en busca de una salida a la grave crisis política y económica que sacude el país.

 

Representantes del gobierno de Daniel Ortega y de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) se sentarán en la mesa de diálogo en un contexto de extrema polarización, deterioro económico y amenazas de sanciones internacionales.

 

En el encuentro de este miércoles -cuya locación ni horarios fueron revelados hasta el momento- se presentarán las propuestas y las condiciones de negociación en tanto se buscará acordar la metodología del proceso, dijo a la AFP Azahálea Solís, miembro del equipo negociador de la ACJD.

 

Ambas partes vuelven a encontrarse nueve meses después de que se suspendieran las conversaciones previas mediadas por el episcopado durante una violenta represión de protestas contra el gobierno, en las que al menos 325 personas murieron, se produjeron 700 detenidos y miles se exiliaron en países vecinos.

 

Ortega, de 73 años, alegó en la anterior ronda de reuniones que los opositores y la iglesia pretendían quitarlo del gobierno al proponer una agenda de reformas políticas, entre ellas adelantar las elecciones de 2021.

 

El bloque opositor que reúne empresarios, estudiantes, campesinos y organismos de la sociedad civil propondrá la participación de "garantes internacionales", como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas.

 

Y su prioridad en el diálogo será "la liberación de los presos políticos, la libertad de expresión, de movilización y que se adelanten las elecciones", apuntó Solís, quien participará en el encuentro como suplente del académico Carlos Tünnerman.

 

"El dialogo se inicia en un ambiente no apropiado porque continúan las detenciones, los secuestros y las intimidaciones", agregó.

 

El gobierno no reveló qué temas presentará en la negociación, aunque Ortega, al hacer la convocatoria, centró su interés en la recuperación económica.

 

La vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, hizo votos para que las conversaciones "se desarrollen pensando en el bien de todos".

 

"Rogamos por la restauración plena de la fraternidad y la paz en nuestra Nicaragua", dijo, e instó a "dejar atrás las experiencias duras, aprendiendo de ellas, a desterrar y alejar de nuestras vidas los sentimientos negativos" y a "vivir con amor y esperanza".

El gobierno acude al nuevo ciclo negociador presionado por el colapso de la economía y el aislamiento internacional, agravado por la turbulencia que vive el gobierno venezolano de su aliado Nicolás Maduro.

 

"Ortega accedió a dialogar porque la resistencia civil continúa firme, por el aislamiento internacional, la situación (de crisis) en Venezuela y porque la economía está en caída libre", consideró Solís.

 

La crisis política impactó duramente en la economía, que se contrajo 4% en 2018 y perdió más de 300.000 puestos de trabajo. La proyección para este año es de una caída del PIB de 11% y más desempleo, según los gremios económicos. El gobierno, en tanto, prevé una contracción de 1% en 2019.

 

Pese a la agudización de la recesión, expertos consideran que las medidas para enderezar la economía deben ser de orden político.

 

Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FLSN), va a aprovechar el diálogo "para confundir y dividir" a la oposición y usar a los presos "como rehenes y carta de negociación", señaló el excomandante sandinista Luis Carrión.

 

"La Alianza Cívica ha aceptado el desafío de asistir a esa negociación compleja y llena de riesgos", agregó Carrión, uno de los nueve comandantes de la revolución sandinista en 1980 y ahora férreo crítico del gobierno.

 

Ortega no va a las negociaciones "de buena fe, en busca de una auténtica solución a la crisis. Sus objetivos (...) son neutralizar el aislamiento y las sanciones internacionales, preservar su poder y mantenerse en la presidencia hasta el 2021", añadió el excomandante.

 

El exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco consideró que el gobierno tiene que hacer la concesión más importante, que es la liberación de los "prisioneros políticos".