Trasladan a una clínica al exlíder de las FARC requerido por EEUU
Jesús Santrich, líder de la exguerrilla colombiana de las FARC requerido en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, fue llevado hoy a un hospital tras valoración médica de la estatal forense.
Detenido desde abril de 2018, Santrich se infligió heridas en los brazos mientras esperaba su excarcelación, dispuesta el miércoles por el tribunal de paz que investiga los peores crímenes que cometieron rebeldes, militares y otras fuerzas antes de la firma del acuerdo de paz con las FARC en noviembre de 2016.
Tras su recaptura a la salida de la cárcel, la estatal Medicina Legal indicó en un comunicado que el paciente tenía "heridas saturadas" en los brazos, "alteración del estado de conciencia y signos neurológicos positivos", por lo cual pidió su traslado de la fiscalía a un "centro asistencial para atención inmediata".
Una fuente de prensa de Santrich confirmó a la AFP que fue llevado al hospital Méderi de Bogotá.
El exnegociador de los acuerdos que permitieron el desarme y transformación de las FARC en partido político fue recapturado el viernes cuando salía de la cárcel en silla de ruedas, con semblante quebrado.
En un comunicado, la fiscalía señaló que "hizo efectiva" una nueva orden de captura dentro de la investigación por narcotráfico que se le sigue en Estados Unidos.
Washington, a través de su embajada en Bogotá, se opuso férreamente a la excarcelación de Santrich y exigió la "apelación urgente" del fallo que lo dejaba en libertad.
El presidente Iván Duque se declaró "indignado" con la decisión del tribunal de paz y apoyó la apelación de la sentencia anunciada por la Procuraduría, advirtiendo que el caso no está "cerrado" y que está dispuesto a autorizar la extradición de Santrich.
De 52 años y con una aguda deficiencia visual, el líder de la otrora guerrilla había sido detenido inicialmente en abril de 2018 con fines de extradición bajo la sospecha, según la fiscalía, de haber conspirado para enviar cocaína a territorio norteamericano en fecha posterior al acuerdo de paz.
Santrich siempre ha proclamado su inocencia y asegura que los señalamientos por narcotráfico responden a un complot de Washington y la fiscalía colombiana.
Apoyado por la ONU, el acuerdo que condujo al desarme de unos 7.000 combatientes prevé beneficios penales para los responsables de delitos atroces que contribuyan a la verdad, la justicia y reparación de las víctimas.
Sin embargo, deja sin efecto el blindaje contra la extradición para quienes hayan reincidido después de la entrada en vigor de los compromisos de paz.
