La paz definitiva todavía no llega a una Colombia con incertidumbres

Mundo
Publicado el 03/06/2019 a las 0h13
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Después de que la Corte Constitucional diera un golpe duro al presidente colombiano Iván Duque, quien quería cambiar la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el proceso de paz respira con tranquilidad, por ahora.

Las objeciones del Congreso a Duque marcaron un antes y un después a su Gobierno por las implicaciones jurídicas y políticas que tuvieron.

El analista político Jhonn Palomino explicó que el inicio de la nueva administración en el Congreso fue compleja al lanzar una serie de observaciones al acuerdo de paz que se había logrado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en 2016.

El desgaste político del partido de Duque, (el Centro Democrático, fundado por Álvaro Uribe) sobre la paz alcanzada por el Gobierno de Juan Manuel Santos, es innegable.

Desde que Duque asumió el  Gobierno, en agosto de 2018,  siempre estuvo empeñado en hacer cambios estructurales al acuerdo de paz firmado con las FARC y siempre reclamó la victoria del “NO” en el plebiscito por la paz en Colombia.

La presentación de esa reforma -alentada especialmente por el sector más duro del Centro Democrático- contentó al expresidente Uribe y al exfiscal general Néstor Humberto Martínez, pero contribuyó a reavivar la división política en torno al proceso de paz. Y ha acabado por tener un efecto bumerán.

En medio de esta polémica, el mundo político colombiano se dividió nuevamente entre los defensores y los detractores de la JEP.

“El Gobierno, lejos de lograr un pacto político nacional, generó el efecto inverso: crear un pacto nacional a favor del proceso de paz a partir de las objeciones”, dijo Palomino.

Las objeciones también ahondaron los problemas de gobernabilidad y mostraron un gabinete ministerial sin la fuerza suficiente para sacar adelante los proyectos bandera.

Se puede contar la renuncia de Gloria María Borrero como ministra de Justicia, aunque se dio como efecto dominó por la liberación de Jesús Santrich, es innegable que el fracaso de las objeciones se convirtió en una cruz para Borrero, reseñó Semana.

El Gobierno de Duque no pudo sacar adelante las dos grandes reformas que prometió: la de justicia y la de política. La primera se hundió y la segunda la retiró cuando prácticamente ya estaba hundida porque no tenía mayorías alegando que lo hacía porque no había logrado incluir listas cerradas, reseñó el rotativo.

Según el análisis más extendido entre los antiguos negociadores de la paz, esa revisión tenía una carga de profundidad, porque afectaba a la esencia de los acuerdos al poner en duda el funcionamiento de la justicia para la paz.

Un sistema que su presidenta, Patricia Linares, calificó de “tribunal de derechos humanos que aplica justicia restaurativa”, según el diario El Tiempo.

Si entre los gobernantes y exgobernantes no hay tregua, el último capítulo del realismo trágico de Colombia se vivió hace dos semanas, cuando el senador Rodrigo Londoño, “Timochenko”, exguerrillero y hombre que se ha acogido al proceso de paz, se distanció de su “exnúmero dos” Iván Márquez por su declaración en la que se lamentaba de que las FARC hubieran entregado las armas, según reseñó la agencia AFP.

Ahora  muchas preguntas  están en boca de los colombianos:  quién mata a los desmovilizados y si se van a seguir contando muertos de exguerrilleros o de dirigentes sindicales.

En definitiva, la incertidumbre continúa en una Colombia que atraviesa por una transición después de más de medio siglo de violencia, 250.000 muertos y 8 millones de víctimas.
Datos: Agencias e internet

 

ASESINATOS DE EXGUERRILLEROS

Un bebé de siete meses, hijo de un excombatiente de las FARC, fue asesinado el pasado 15 de abril. Días después, el exintegrante de la guerrilla, Dimar Torres, falleció de “manera accidental” a manos del Ejército colombiano y a fines de mayo fue asesinado Wilson Saavedra, antiguo comandante del Frente 21 del extinto grupo armado.

Estos homicidios han puesto en primera plana la inseguridad que reina para los cerca de siete mil exguerrilleros que se adhirieron al proceso de paz en 2016 tras dejar sus armas.

 

GARANTÍAS EN SACO ROTO

“¿Hasta cuándo tenemos que pasar por esto?, ¿este es el proyecto de paz y de país del Gobierno?, ¿nos desarmaron para matarnos? Exigimos respuestas, no frases inocuas. #NosEstánMatando”, escribió en Twitter la senadora del partido FARC, Victoria Sandino.

Una de las tantas garantías del pacto era la seguridad jurídica y física para los excombatientes. Sin embargo, a casi tres años del acuerdo, las cifras muestran otra realidad: según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, al menos 130 exguerrilleros han sido asesinados.

 

MÁRQUEZ ES INVESTIGADO POR INCUMPLIMIENTO

REDACCIÓN CENTRAL

La decisión de marginarse del acuerdo de paz le pasó factura a Iván Márquez. Trece meses después de haber salido huyendo de Miravalle (Caquetá), la Sala de Reconocimiento de Verdad decidió el jueves pasado abrir un incidente de verificación de incumplimiento contra el exjefe del equipo negociador de las FARC.

Tras haber prorrogado dos veces la cita que tenía pendiente con la JEP por el caso 001 abierto por secuestro, Iván Márquez se quedó sin cartuchos. Poco pesaron los señalamientos que venía haciendo el exjefe guerrillero por falta de seguridad jurídicas, físicas y el documento que entregó su defensa el pasado 2 de mayo respondiendo el cuestionario de los magistrados.

“La inasistencia no es claramente excusable y que, posiblemente, el mencionado compareciente incumple las condiciones que el sistema jurídico le impone para mantener los beneficios, derechos y garantías tras la firma del acuerdo de paz”, informó la JEP en un comunicado.

La Sala ordenó la práctica de pruebas y citará la audiencia en la que tomará una decisión sobre el grado de incumplimiento del régimen de condicionalidad.

Quince días después de la dura carta que envió manifestando que “fue un grave error haber entregado las armas”, se termina de enredar la situación del excomandante Márquez.

Además de haber encontrado refugio en la trinchera de la clandestinidad, se quedó sin el respaldo del partido que nació fruto del acuerdo y ahora está en la mira de la justicia.

 

LO DIJERON

"El conflicto no terminó, sino que cambió su forma de expresarse, lo cual requiere de nosotros un comportamiento consecuente". Rodrigo Londoño (Timochenko). Líder máximo de FARC

"Fue un error grave haber entregado las armas antes de la implementación total del acuerdo de paz firmado en 2016 con el Gobierno". Luciano Marín. (Iván Márquez). Número dos de FARC.

"Como colombiano y defensor de la legalidad acato la decisión de la Corte, pero nunca dejaré de objetar la ley estatutaria". Iván Duque. Presidente de Colombia.

 

ANÁLISIS

NEW YORK TIMES

El Gobierno de Colombia no cumple el acuerdo de paz   

El Gobierno de Colombia no está cumpliendo con algunos de los puntos del acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC, lo que está poniendo en peligro el proceso.

Entre estos compromisos incumplidos por Colombia, está la educación universal desde preescolar hasta la secundaria, el acceso a agua potable y el desarrollo de electricidad, vías de comunicación, puentes y empleos.

El actual presidente de Colombia, Ivan Duque, ha saboteado parte del proceso de paz recortando fondos destinados a promover la sustitución de los cultivos de coca, lo que llevó a que la extensión de terreno usado para esta cosecha se encuentre en una cifra récord.

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