Vizcarra afianza su autoridad tras disolver Congreso peruano
El presidente peruano, Martín Vizcarra, se afianzó ayer en el poder tras disolver el Congreso, en una medida apoyada por la cúpula militar, gobernadores y alcaldes, y rechazada por el propio Legislativo, que en respuesta juramentó como jefa de Estado interina a la vicepresidenta Mercedes Aráoz.
El desconcierto por el choque de poderes que vuelve a sumir a Perú en una gran crisis política no se tradujo de momento en caos, donde la bolsa y el dólar se mantenían estables este martes y todas las actividades se desarrollaban normalmente.
Elecciones en cuatro meses
Tras disolver el parlamento, que estaba controlado por la oposición fujimorista, Vizcarra dijo que convocará a elecciones para el 26 de enero de 2020 apegándose al plazo que establece la Constitución.
El clima de tensión se centró en el Palacio de Gobierno y el Congreso, que estaban fuertemente custodiados por la policía, con más restricciones de ingreso que las habituales.
A través de la Conferencia Episcopal, la Iglesia llamó al diálogo y la calma, así como a “actuar de acuerdo al orden constitucional y democrático”.
La cúpula empresarial acusó a Vizcarra de perpetrar una “violación de la Constitución y al sistema democrático”. Los líderes del Congreso también lo acusan de haber dado un “golpe de Estado”.
El lunes, tras conocerse la disolución del Congreso, varias manifestaciones coloridas y bulliciosas se celebraron en todo el país en respaldo a Vizcarra. Pero nadie salió a las calles a apoyar al Congreso, cuya actuación es rechazada por casi el 90 por ciento de la ciudadanía, según sondeos.
¿Dos presidentes?
Una disolución del Congreso no ocurría en Perú desde abril de 1992, cuando el presidente Alberto Fujimori (1990-2000) dio lo que fue calificado como un “autogolpe” y asumió plenos poderes con apoyo de los militares. Ahora, en cambio, Vizcarra invocó la Constitución para dar este paso.
La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) instó ayer al Tribunal Constitucional de Perú a pronunciarse sobre la “legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas”.
LAS RAZONES DE LA DISOLUCIÓN
El control por la composición del Tribunal Constitucional de Perú está detrás de la crisis política en Perú.
Vizcarra disolvió el Congreso, controlado por la oposición fujimorista, al considerar que éste rechazó la cuestión de confianza planteada días antes por el Gobierno, con la cual pretendía realizar cambios en el proceso de selección de candidatos del Tribunal Constitucional (TC).
Horas después del anuncio del mandatario, el Congreso aprobó suspender de sus funciones a Vizcarra durante 12 meses por “incapacidad temporal” y juramentó a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “presidenta en funciones”.
El Congreso tenía que elegir a seis nuevos miembros del TC, lo que podría desbalancear las fuerzas en el órgano judicial a favor del fujimorismo, que tiene mayoría parlamentaria.
El Gobierno planteó su cuestión de confianza sobre la elección de magistrados del TC en el Parlamento porque considera que este proceso no es transparente y no garantiza la división de poderes.
Entre protestas de algunos legisladores de izquierda y liberales, el pleno votó el lunes para elegir como nuevo miembro del TC al jurista Gonzalo Ortíz de Zevallos, quien es primo hermano del presidente del Congreso, Pedro Olaechea.
OPOSICIÓN PERUANA BUSCA APOYO INTERNACIONAL
AGENCIAS
En rebeldía frente a la disolución del Congreso, la oposición peruana liderada por el fujimorismo, que domina el disuelto Congreso de la República de Perú con mayoría, no se siente responsable del terremoto político acontecido el lunes y busca apoyo internacional para legitimar una dualidad de presidentes como en Venezuela.
Pese a que la gran mayoría de la población, las Fuerzas Armadas, y los principales medios de comunicación respaldan al presidente de Perú, Martín Vizcarra, esta facción rebelde quiere seguir adelante en su decisión de declarar suspendido al mandatario y reemplazarlo por su vicepresidenta, Mercedes Aráoz, que anoche juramentó el cargo de “presidenta interina”.
Por ello se rehúsan a concurrir a la comisión permanente, el único órgano que debería funcionar en el Congreso de Perú después de la disolución declarada por Vizcarra, al tiempo que denuncian que la Policía no deja entrar al recinto parlamentario a congresistas que no son titulares de esa comisión.
“Nosotros tenemos que valorar cuánto somos nosotros fachada para sostener una figura que no existe (la normalidad democrática). Mejor que esto sea abiertamente un golpe de Estado y ya está”, afirmó el presidente del disuelto Congreso, Pedro Olaechea, en una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).