La ONU entrega lapidario informe sobre derechos humanos en Chile
La ONU corroboró ayer que, en su intento por sofocar las protesta en Chile, el cuerpo policial de Carabineros violó varios derechos humanos de los manifestantes y reclamó que, ante la continuación del movimiento ciudadano en ese país, se ponga fin “al uso indiscriminado” de escopetas antidisturbios.
Una misión enviada por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU a Chile para investigar la violencia en torno a las manifestaciones presentó ayer las conclusiones de su trabajo, que confirma que hubo uso “excesivo o innecesario” de la fuerza que provocó lesiones y muertes.
Un total de 26 personas murieron en el contexto de las protestas y “en cuatro de esos casos estuvieron involucrados agentes del Estado”, mientras que los heridos han sido unos 4.900, según cifras del Ministerio de Justicia.
Otras violaciones que se constataron fueron torturas y malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias, con un total de 28.000 personas que llegaron a pasar por lugares de detención y de las cuales 1.610 siguen detenidas.
“Carabineros ha incumplido de forma reiterada con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y pacíficos”, lo que provocó que cargaran con todos sin distinguir entre ellos e incluso con transeúntes, según el informe.
El documento propone “reformas estructurales” de Carabineros, de modo que haya una supervisión civil e independiente.
“Y en vista de que las protestas no han finalizado se deben tomar medidas preventivas inmediatas para que no se cometan más abusos, ya que seguimos recibiendo denuncias de violaciones por parte de las fuerzas policiales”, dijo la jefa de la misión Imma Guerras-Delgado.
EL GOBIERNO LAMENTA INFORME
El Gobierno chileno lamentó ayer el “elevado número” de denuncias de abusos policiales, pero advirtió que se generaron en un “contexto” de violencia que envolvió a intensas protestas sociales.
“Queremos lamentar profundamente las denuncias recibidas por el equipo de la Alta Comisionada (...) cada una de ellas está siendo investigada y será sancionada”, dijo la subsecretaria de derechos humanos, Lorena Recabarren.
Dijo que era necesario “aclarar y precisar” afirmaciones y conclusiones que no están representadas en el informe, que contienen información errada o desactualizada.
