Al menos 6.400 civiles fueron ejecutados por militares en Colombia
Bogotá |
Al menos 6.400 civiles fueron ejecutados por militares en Colombia y presentados como caídos en combate entre 2002 y 2008, reveló ayer el tribunal de paz que investiga los crímenes más atroces del conflicto interno.
El número casi que triplica la cifra de víctimas conocida hasta el momento y dimensiona este "fenómeno macrocriminal", como lo llamó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su explosivo informe.
El tribunal que surgió de los acuerdos para el desarme de la guerrilla FARC encontró que "por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008", durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-10).
Conocida en el argot militar como "falsos positivos", esta práctica destapó el peor escándalo que involucra a las fuerzas oficiales en seis décadas de lucha contra los grupos rebeldes.
Aunque el alto castrense siempre ha negado que fuera una práctica sistemática, oficiales y soldados que se sometieron a la jurisdicción de paz confesaron su participación en los crímenes.
A partir de sus confesiones se pudo determinar que los militares orquestaron una suerte de "body count", un conteo premiado de cuerpos para mostrar resultados en la guerra interna.
Hasta el año pasado, la fiscalía había reconocido 2.249 ejecuciones de civiles a manos de tropas entre 1988 y 2014 e investigaba a 29 generales.
Para Jorge Cuervo, profesor de políticas en justicia y derechos humanos de la Universidad Externado, el informe de la JEP "nos va a acercar muchísimo más a la realidad de lo que pasó en el conflicto armado colombiano".
La investigación expediente por expediente de la fiscalía era "insuficiente para dar cuenta" del alcance de estos crímenes, agregó el experto, al valorar la decisión de la justicia de paz de agrupar las denuncias en "macrocasos" como lo hizo también con los secuestros de la guerrilla.
Al respecto, la JEP determinó en enero que 21.000 personas fueron tomadas como rehenes e imputó a ocho comandantes de la extinta agrupación insurgente.
Confesiones
El general Mario Montoya, comandante del ejército en esa época, es el militar de mayor rango que responde ante los magistrados. Pese a los testimonios que lo inculpan, el oficial en retiro niega que hubiera instigado crímenes de civiles.
"Existen 2.140 militares vinculados a investigaciones de ejecuciones extrajudiciales, lo que equivale al 0,9 por ciento del total de los hombres que operaron en el ejército en el periodo mencionado, lo que muestra que en ningún momento existió una directiva o directriz al ejército para hechos tan atroces", dijo su abogado Andrés Garzón en una entrevista con la AFP en 2020.
La JEP se ocupa de las violaciones más graves a los derechos humanos cometidas por guerrilleros y soldados durante el enfrentamiento.
Quienes confiesen su responsabilidad y reparen a las víctimas podrán recibir una pena alternativa a la prisión, pero si no lo hacen se exponen a condenas de hasta 20 años.
El tribunal de paz, que entró en funcionamiento en 2018, todavía no ha emitido su primera condena.
Blanca Monroy, madre de uno de los jóvenes asesinados por los militares en 2008, aplaudió el avance de las investigaciones.
Hasta ahora "solamente pensábamos" que las ejecuciones "eran del 2006 para acá", pero "se ve que en todos los territorios" hubo "muchos falsos positivos", dijo, y agregó:
"Nos da tristeza que el ejército, que es el que nos tiene que cuidar haya dejado tantas madres llorando, tantos hijos huérfanos, tantas hermanas tristes".
Brigada de muerte
Según la JEP, el mayor número de ejecuciones de civiles ocurrieron en el departamento de Antioquia (noroeste), donde ejército y paramilitares de ultraderecha combatieron a sangre y fuego a los rebeldes izquierdistas.
El 25 por ciento de los 6.400 casos documentados se produjeron en esa zona. "La IV Brigada, con jurisdicción en la zona, podría ser la responsable del 73 por ciento de las muertes identificadas en el departamento entre los años 2000 y 2013", precisó el tribunal.
Algunos de los restos de las víctimas fueron ubicados gracias a las declaraciones de miembros de la fuerza pública que, en su mayoría, "no habían sido investigados por la justicia ordinaria", según la JEP.
Además de Antioquia, las regiones de la Costa Caribe, Norte de Santander (noreste), Huila (centro), Casanare (este) y Meta (sur), fueron priorizadas en la investigación.
Para la abogada de dos militares que confiesan en la JEP, Tania Parra, el informe de este jueves revela además que hubo "complicidad" de autoridades para "ocultar" estos hechos.
Por "los muertos siempre se abría una investigación", pero "o no hay resultados o absuelven" a los responsables, comentó.
Veinte de los al menos 219 militares que están bajo la jurisdicción especial cuentan con seguridad ante las amenazas que han recibido por sus declaraciones.
FARC reconoce secuestros
Seis miembros del antiguo secretariado de la guerrilla de las FARC asumieron ayer su responsabilidad en los secuestros y otros crímenes de guerra por los que la JEP los acusó el pasado mes, y aseguraron que entregarán una respuesta al auto "en el plazo señalado".
"Asumimos nuestra responsabilidad y convocamos a los demás actores a sumarse al mismo camino", alegaron en un comunicado conjunto publicado por el último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, conocido en su época de guerrillero como "Timochenko".
La JEP, tribunal creado a instancias del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016, determinó el pasado 28 de enero que los ocho miembros del Secretariado de las FARC, máximo órgano de decisión de la guerrilla, tienen responsabilidad de mando por los vejámenes que sufrieron los secuestrados y los horrores que les causaron durante el conflicto armado, en una decisión inédita y esperada durante décadas por miles de víctimas.
Con ello, los acusó de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado, y les dio un plazo 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.
En el primer caso se les impondrán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, no tras las rejas, pero en el caso contrario se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.
En el comunicado, Londoño, los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo y los también exjefes guerrilleros Rodrigo Granda, Jaime Alberto Parra y Pastor Alape aseguran que entregarán "en el plazo señalado por la JEP" la respuesta al auto, "siempre en el sentido que reclama una sociedad que exige el cese de la violencia política y se consolide por fin la paz con justicia social en Colombia".
"Se ha reconocido tanto en la JEP como ante la opinión pública nuestra responsabilidad en el secuestro, y el sufrimiento generado a las víctimas", recuerdan los firmantes, que no especifican explícitamente si reconocerán su autoría formalmente.
Además, piden a "los demás actores civiles y militares que tienen responsabilidades en el conflicto" que aporten su verdad, el mismo día en que la JEP se ha pronunciado sobre otro de los macrocasos, elevando a 6.402 las víctimas de "falsos positivos", y situándolas sobre todo en el periodo de Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
Los "falsos positivos" son como se conocen en Colombia los asesinatos de civiles a manos de militares que los presentaban como guerrilleros muertos en combate, entre 2002 y 2008.