Pandemia revela una América malherida y con profundas desigualdades.
Ciudad de México |
La situación precaria del continente americano en relación con los derechos humanos se ha visto "exacerbada" durante la pandemia y los abusos se volvieron todavía más evidentes en una crisis que trasciende más allá de lo sanitario, según el informe anual de Amnistía Internacional (AI).
"Lo que la Covid-19 ha venido a revelar es cómo aquellos grupos históricamente marginados en el continente, como consecuencia de las desigualdades, el abandono y los abusos sufridos durante décadas, quedan en una mayor exposición al impacto de la covid-19, no solo en términos de contagio y muertes", explicó a Efe Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI).
El informe, difundido ayer, expone la situación de los derechos humanos de 21 países del continente. Además, incluye un análisis final de las tendencias y de los temas de mayor impacto, en este caso recogiendo la situación de 2020 y lo que va de 2021.
Según el documento, al comenzar el año pasado América era la región más desigual del mundo, situación que solo empeoró con la pandemia, al caer en la pobreza otros 22 millones de personas y 8 millones en la pobreza extrema.
Sin embargo, el hambre, la pobreza y la muerte por coronavirus son tan solo la parte más visible de una pandemia que ahondó en las vulneraciones de los derechos humanos y exacerbó las condiciones de desigualdad y opresión de muchas personas del continente.
Oportunidades sin aprovechar
Aunque AI sostiene que la pandemia podría ser incluso una oportunidad para que los gobernantes cambiaran el rumbo y se diese un cambio paradigmático, "parece que nuestros gobiernos no aprenden de sus errores", indicó Guevara.
"La Covid-19 exacerba las condiciones de desigualdad, de protección, de vulneración del ejercicio de derechos humanos, etcétera, precisamente por las fallas estructurales, por la negligencia de los Estados y por la falta de inversión pública en el acceso a derechos fundamentales, entre muchos otros elementos", citó.
La vacunación debería, agregó, suponer una oportunidad para que "los gobiernos del continente verdaderamente coordinen esfuerzos y colaboren entre ellos", ya que resultan preocupantes la ineficacia de los mandatarios y el acaparamiento de vacunas de los países ricos.
En una región atravesada por la impunidad y la corrupción "la factura a pagar" es muy alta.
Tendencias preocupantes
El informe analiza la situación específica de los 21 países, pero también, a través de un enfoque regional, busca las tendencias generales "sobre todo marcadas por la Covid-19".
"Con mucha preocupación vemos cómo algunos gobiernos en el continente respondieron a la pandemia con una mezcla de negacionismo, oportunismo y desprecio a los derechos humanos", dijo Guevara, quien insistió en situaciones alarmantes de varios países.
Por ejemplo, en territorios como El Salvador y República Dominicana fueron más las personas detenidas que las contagiadas durante el mismo periodo.
En otros como Chile, Cuba, Bolivia o Venezuela la Covid-19 se utilizó como excusa para seguir atacando los derechos a la libertad de expresión y la asamblea pacífica.
La violencia contra las mujeres, los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos o las agresiones discriminatorias por motivo de clase, color de piel u orientación o preferencia sexual persistieron y aumentaron en cantidad, dando lugar a una furia social que fue contenida con la excusa de la cuarentena por la Covid-19.
Represión y expulsión
Según el informe, con 264 homicidios el año pasado, América Latina y el Caribe fue la región más mortífera del mundo para quienes defendían los derechos humanos, con un 79 por ciento del total mundial de 331 asesinatos.
México, Honduras, Haití o EEUU se enfrentaron a históricas crisis políticas, pero al tratar de tomar las calles para solicitar rendición de cuentas, las personas se encontraron de frente con represión que, en muchos casos, terminó en violencia policial.
Con el pretexto de aplicar medidas de salud pública, Estados Unidos detuvo y deportó a casi todas las personas solicitantes de asilo en la frontera de este país con México.
Las autoridades expulsaron a más de medio millón de migrantes y solicitantes de asilo desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021.
