La olla de la presión social explota con decenas de muertos en Colombia
Bogotá |
Las protestas populares contra la ya hundida reforma tributaria del Gobierno colombiano han derivado en la peor crisis política y social que ha enfrentado el presidente Iván Duque y dejan al menos 17 personas muertas y alrededor de 800 heridos sin que se vislumbre una salida en el horizonte.
Las movilizaciones sociales que comenzaron en noviembre de 2019 en protesta contra la política económica del presidente Iván Duque resurgieron con fuerza la semana pasada después de un paréntesis de más de un año por la pandemia de Covid-19 que empobreció a miles de familias colombianas, y el detonante fue el controvertido proyecto de reforma tributaria.
A raíz de la pandemia la pobreza monetaria en Colombia subió el año pasado 6,8 puntos con respecto a 2019 y se situó en el 42,5 por ciento, lo que significa que el número de pobres del país aumentó en 3,6 millones de personas al pasar de 17,4 a 21 millones, según el Departamento Administrativo de Estadística Nacional (DANE).
En ese contexto, una draconiana subida de impuestos, que afecta principalmente a la clase media y los que menos ganan, prendió la mecha de la indignación popular y a las manifestaciones convocadas por los sindicatos se sumó gente de todas las condiciones sociales, en un movimiento que después de seis días de movilizaciones callejeras parece imparable.
Reclamo de movimientos sociales
"El Gobierno nacional ha tenido la posibilidad de atender y resolver los reclamos de las grandes movilizaciones realizadas desde el 21 de noviembre de 2019 y de los acuerdos incumplidos con el pueblo y sus organizaciones, pero nunca se dispuso a instalar una mesa de negociación y concertación", denunció hoy el Comité Nacional de Paro, convocante de las manifestaciones.
Con la reforma fiscal, el Gobierno aspiraba a recaudar unos 6.302 millones de dólares para mejorar el estado de las finanzas públicas y dar continuidad a los programas sociales para los más pobres, pero ante el amplio rechazo popular Duque no tuvo más remedio que ordenar ayer su retirada del Congreso, dos semanas después de haberlo presentado.
"Las manifestaciones no las maneja nadie, es el pueblo cansado de años de miseria", escribió ayer en Twitter César Pachón, un curtido dirigente campesino que en 2013 lideró las protestas del campo contra el anterior Gobierno y hoy ocupa un escaño en la Cámara de Representantes por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).
La reforma fiscal, aunque necesaria, según expertos económicos, es inconveniente en momentos de crisis como el actual, algo que el propio presidente reconoció hace menos de un año, pese a lo cual defendió con uñas y dientes el actual y controvertido proyecto.
"Hacer una reforma tributaria en este momento en que tenemos la pandemia, que está golpeando a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa, a la clase media, a la clase alta, a las clases más vulnerables, es suicida", dijo Duque el pasado 4 de agosto en un foro de la Red Iberoamericana de Prensa Económica.
"Consensos" excluyentes
El Comité Nacional de Paro también recordó ayer que aunque Duque habló el domingo de "consensos" para presentar otro proyecto de reforma al Congreso, una vez más no los tuvo en cuenta.
"Eso muestra el carácter antidemocrático de este Gobierno del presidente Duque, que no le gusta el diálogo con quienes pensamos diferente. A él le gusta el diálogo con quienes son afines a su política", manifestó en una rueda de prensa el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés.
Pese a que el movimiento sindical no convocó protestas para ayer sino para el mañana, la tensión sigue en las calles de todo el país con protestas de taxistas y camioneros, así como de jóvenes contra la violencia policial a la que atribuyen la muerte de decenas de manifestantes en los últimos días.
"Policía, usted y yo juramos defender al mismo pueblo", rezaba una de las pancartas exhibidas por estudiantes de Medicina de la Universidad Antonio Nariño que recorrieron ayer la Carrera 30 de Bogotá para expresar además su rechazo a otra reforma en ciernes, del sistema de salud.
Según la Defensoría del Pueblo, la violencia asociada a las protestas deja al menos 17 muertos, así como 254 civiles y 457 policías heridos, pero otras fuentes señalan que esas cifras se quedan cortas.
"Al momento tenemos 1.089 casos de violencia policial, dentro de los cuales hemos podido identificar al menos 124 heridos de violencia, 726 detenciones arbitrarias, seis hechos de violencia sexual, 27 homicidios, 12 jóvenes han perdido sus ojos y más de 45 defensores de derechos humanos se les ha limitado su posibilidad de ejercer ese trabajo", denunció Martha Alfonso, vicepresidenta de Fecode, el sindicato de maestros.
Según Maltés, el Gobierno "siempre estigmatizó y actuó con violencia contra los manifestantes", y aunque "en sus manos estuvo evitar esta tragedia, pesó más la soberbia, sordera y pésima empatía para resolver las necesidades y urgencias de la población colombiana".
Las manifestaciones espontáneas de ayer han sido pacíficas y los pocos incidentes se dieron en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, donde hubo saqueos a supermercados y enfrentamientos con la fuerza pública.
Mientras la tensión reina en las calles por la violencia y los cuantiosos daños materiales causados al comercio, el presidente busca con sus aliados políticos salidas a la crisis, que tiene en la cuerda floja como villano de esta historia al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y a su equipo económico.
Según medios locales Carrasquilla, el viceministro Juan Alberto Londoño y el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Alberto Rodríguez, padres de la polémica reforma tributaria, presentaron ayer su renuncia, pero el Gobierno aún no lo confirma.
