Indígenas de Ecuador rechazan plan de ampliar explotación petrolera en Amazonía
Un centenar de indígenas de Ecuador planteó este lunes ante la Corte Constitucional que suspenda la ejecución de sendos decretos del presidente Guillermo Lasso, que prevén ampliar la explotación petrolera en la Amazonía, donde viven comunidades aborígenes.
Los nativos, algunos con lanza en mano, se concentraron frente a la sede del organismo en Quito para gritar consignas como "la tierra no se vende, la tierra se defiende".
También mostraron carteles en los que se leía "Más explotación no es la solución" y "Lucharemos por nuestro territorio".
Mediante una acción de inconstitucionalidad, sectores de indígenas pidieron a la Corte que "suspenda ese decreto", emitido por el gobierno de derecha en julio con el que pretende licitar nuevas áreas para casi duplicar la producción de crudo a un millón de barriles por día.
Posteriormente, en otro documento, el gobernante fijó nuevas reglas para el sector minero.
Entre enero y agosto de este año, Ecuador -cuya dolarizada economía depende de la venta de petróleo- explotó unos 498.000 barriles diarios, la mayoría a cargo de la estatal Petroecuador.
Los aborígenes argumentan que el decreto fue emitido por el mandatario sin realizar una consulta previa -como manda la Constitución- entre pobladores de territorios que serán concesionados para la extracción de petróleo y minerales, señaló en rueda de prensa Jorge Acero, abogado de Amazon Frontlines, una oenegé ambientalista que patrocina a los indígenas amazónicos.
Lasso "no lo ha hecho con consulta, con consentimiento. Él piensa 'yo soy jefe y hago lo que quiera', pero sin respeto a la vida de nosotros", dijo a la AFP Nemonte Nenquimo, una lideresa waorani que logró en 2019 que la justicia ecuatoriana prohibiera el ingreso de petroleras en un área selvática de 180.000 hectáreas en el sureste del país.
Los waorani, con unos 4.800 miembros, son dueños de unas 800.000 hectáreas repartidas en las provincias amazónicas de Pastaza, Napo y Orellana, incluidas esas 180.000 hectáreas (menos de 1% de la superficie de Ecuador) que aún se mantienen intactas y son parte de un bloque petrolero que el estado pretendía licitar.
Al establecer mediante decreto su política hidrocarburífera, Lasso, quien asumió en mayo por cuatro años, expresó que el país no puede "desperdiciar la oportunidad" de subirse en la "pequeña ola de bonanza petrolera internacional".
Aseguró que parte de los ingresos que generen las nuevas estrategias para la explotación de recursos naturales irán a programas sociales y de salud como el combate a la desnutrición crónica infantil.
Nenquimo consideró que el decreto está "vulnerando" los derechos de su pueblo. "La selva es nuestra casa. Estoy (en la protesta) como una madre. Mis hijos tienen que vivir en un territorio libre de contaminación, con alegría, con armonía", manifestó, luciendo una corona de plumas.
Leonidas Iza, presidente de la mayor organización indígena de Ecuador (Conaie, de oposición), apuntó que Lasso no toma en cuenta "los efectos negativos, desastrosos que ha significado para toda la Amazonía ecuatoriana" la extracción de crudo.
