DDHH de ONU vuelve a alertar de la situación en El Salvador y Nicaragua
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU reiteró ayer su preocupación por la extensión, una y otra vez, del estado de emergencia en El Salvador, y sus consecuencias en el disfrute de las libertades y derechos de la población, cuando se acaban de cumplir cuatro años del Gobierno de Nayib Bukele.
Además la ONU denunció que en Nicaragua al menos 63 personas fueron detenidas de forma arbitraria en mayo, una muestra de que el régimen de Daniel Ortega continúa “silenciando cualquier voz crítica o disidente en el país y usando el sistema judicial a tal fin”.
En una nueva declaración en Ginebra sobre la situación en El Salvador, el organismo insistió en que a pesar de los graves problemas de criminalidad, “debilitar el Estado de derecho y la integridad del sistema legal derogando el derecho a un juicio justo no es la respuesta”.
“Pedimos a las autoridades que levanten el estado de emergencia y revisen las medidas que han tomado. También pedimos que investiguen de inmediato todas las muertes en custodia de acuerdo con los estándares internacionales, que los responsables sean sancionados y que se garantice justicia a las víctimas”, dijo la portavoz Marta Hurtado.
La ONU se hizo eco de la información de la ONG Cristosal, que denunció que al menos 153 presos murieron desde que se implementó el estado de emergencia en marzo de 2022. Se estima que al menos 68 mil personas han sido encarceladas desde entonces.
Nicaragua
La oficina de la ONU para los DDHH expresó también sus “crecientes preocupaciones” por las medidas adoptadas en Nicaragua para “silenciar” a la disidencia.
Hurtado, reclamó el cese de esta represión y la “inmediata” excarcelación de todos los presos políticos, así como la reapertura de todos los medios y organizaciones cerrados desde las protestas de 2018. Más de 3.200 organizaciones han sido ilegalizadas desde 2022.
Para la ONU, cualquier solución pasa por el diálogo, la rendición de cuentas y “reformas institucionales y legislativas” que permitan “restaurar el Estado de derecho”, hipótesis a las que siempre se negó el régimen de Daniel Ortega.
La organización cita entre los ejemplos de los aparentes abusos que en una sola noche 55 personas fuesen imputadas por conspirar contra la integridad nacional y difundir noticias falsas, cargos que “aparentemente se están utilizando para silenciar las críticas”. Además, ninguna de estas personas pudo elegir su abogado.
