Quieren evitar que Brasil dé refugio a los pandinos
El Deber y Agencias
La comisión especial que investiga la matanza de Porvenir, en el departamento de Pando, solicitará a la Cancillería la expulsión o la extradición de los bolivianos que huyeron a Brasil luego de los trágicos hechos del 11 de septiembre. Con ello intenta evitar que el Estado brasileño otorgue refugio político a la decena de ciudadanos que ya iniciaron ese trámite.
El diputado masista Jorge Silva informó sobre esta decisión, aunque aseguró que se trataba de un pedido de "traslado" de los ciudadanos para escuchar su versión. Según informes del Gobierno, sólo hay unos 200 ciudadanos en Brasileia, Epitaciolandia y Río Branco, ciudades del estado de Acre. Sin embargo, los bolivianos aseguran que los refugiados ya son más de 1.200 y que la cifra aumenta cada día, porque los militares han comenzado a hacer incursiones durante el día en Cobija.
Para el Poder Ejecutivo, los dirigentes y funcionarios de la Prefectura de Pando que se encuentran en estas ciudades fronterizas no son ni refugiados, ni exiliados, sino "prófugos". Así los calificó el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez. Por eso pidió que las autoridades encargadas de la seguridad del Estado tomen acciones al respecto.
El senador Roger Pinto (Podemos) afirmó que existe una persecución "sañuda" del Gobierno y que por esa causa "miles están hoy viviendo como parias en el lado brasileño y el Gobierno no les da garantías, estoy hablando por un pueblo que se siente perseguido". Sin identificarlos, también dijo que ayer fueron detenidas otras dos personas que habrían sido confinadas a la ciudad de La Paz.
Sin embargo, en el Gobierno afirmaron que hasta el momento son 16 confinados que están en el regimiento Bolívar, de Viacha, una suboficial en la Policía y el ex prefecto Leopoldo Fernández en San Pedro.
Rodolfo Matarollo es el delegado de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) para investigar los sucesos que se produjeron en Porvenir. El abogado, con amplia experiencia en derechos humanos, llegó ayer al país y se trasladará hoy a Pando.
El vocero de Palacio, Iván Canelas, informó de que no está prevista una entrevista entre Matarollo y el presidente Evo Morales. Añadió que los jefes de Estado de Unasur definieron la presencia de un delegado y que el Gobierno pondrá a su disposición los recursos logísticos para que investigue esos hechos. El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, afirmó que el enviado de Unasur es un "conocedor del tema" y que el Gobierno confía en las investigaciones que realizará.
La Comisión de Unasur está integrada por 11 personas y tiene previsto trabajar en el país durante toda la semana.
Campesinos de la provincia Ingavi de La Paz, denominados "ponchos wayrurus" llegaron ayer a la sede de gobierno, para reforzar la vigilia instalada frente al penal de San Pedro, para evitar que el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, sea trasladado de ese recinto penitenciario a otro lugar.
"Hemos tenido un ampliado y hemos determinado entrar en vigilia porque Leopoldo Fernández tiene que ir a Chonchocoro porque ha maltratado a nuestros hermanos de Pando", manifestó el dirigente de la provincia Ingavi, Marcelino Mamani.
Rada anuncia refuerzo militar
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, advirtió que las Fuerzas Armadas y la Policía se encuentran en la región para "sentar presencia de Estado" y que será "muy difícil" que puedan salir. Por tanto, añadió que no se trata de una presencia temporal por el estado de sitio, sino que existe la decisión de mantener esas fuerzas permanentemente.
Rada aclaró que el "Presidente de la República (Evo Morales) en ningún momento habló de ampliar el estado de sitio", sino de vigorizar la presencia del Estado en el departamento de Pando.
El Gobierno no ha precisado si pretende que Brasil expulse a los más de 1.000 bolivianos que cruzaron la frontera después del 11 de septiembre o tiene objetivos fijos. Además, el Ejecutivo no puede declarar prófugo a ningún ciudadano, ya que esa es una función de la justicia. Hasta el momento, el Gobierno anunció que ha abierto causa contra Leopoldo Fernández y 12 funcionarios más.
Esta no es la primera vez que el Gobierno intenta que el Gobierno brasileño expulse a los bolivianos. En la semana de los hechos, un militar boliviano se reunió con el comandante del batallón asentado en Brasileia para proponerle una acción conjunta para expulsar a los bolivianos. Fue rechazada de plano y respondida con un incremento de uniformados en la zona. Llegaron con armas pesadas y dos helicópteros para patrullar la frontera.
Luego, el ministro Rada pidió lo mismo a través de la Cancillería. La respuesta brasileña fue formalizar la ayuda y mejorar las condiciones de los bolivianos.
La semana pasada, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, informó de un convenio con las autoridades de Brasil para realizar operativos "en áreas sensibles" de la frontera donde se esconden los que son perseguidos en sus respectivos países. Acto seguido, la Policía Federal de Brasil expulsó de su territorio al asambleísta del MAS Beimar Becerra y a dos dirigentes campesinos a los que acusó de estar haciendo espionaje.
