Cajías: Hay muchos hechos no investigados
La exdelegada presidencial Anticorrupción y periodista Lupe Cajías, considera que más que hablar de red de extorsión se tiene que hablar de red de corrupción, porque los presuntos delitos cometidos, se los cometió desde la función pública, no por un ciudadano de la sociedad civil.
“Han cometido los delitos denunciados, desde la función que cumplían en el Ministerio de Gobierno, por tanto no es un delito común, sino esta relacionado con la corrupción y las responsabilidades de la función pública,tanto en lo penal como en lo civil”, precisó.
Además, manifestó que “hay indicios de daño económico al Estado”, al haber negociado bienes incautados, los que una vez confiscados pasan a ser parte del Estado y no de un grupo de personas, como se dio en este caso, en perjuicio de los intereses del bien común.
Por otra parte, mencionó que hay temas en el caso que no han sido esclarecidos, sobre cómo esos funcionarios públicos salían de sus oficinas, viajaban a diferentes lugares como Santa Cruz, sin dar cuenta de sus actuaciones a nadie.
“Por lo menos, han tenido que rendir informe, para ser aprobados, de los viáticos que se les entregaba para sus viajes y para ser aprobado debían reportar a sus superiores a qué fueron, qué hizo, los resultados de su asistencia a las audiencias de los casos”, dijo Cajías.
Anotó que no se ha explicado porque estos abogados asistían a audiencias donde actuaba el Ministerio Público, donde no está involucrado el Estado. “Ahí hay todavía muchos por investigar”, dijo.
Otro tema central relacionado con este caso que se tiene que tomar en cuenta, dijo, es que se tiene que ver por qué se ha podido dar esta red, esas actividades y escena. “Creo que ha habido un enfoque equivocado del enfrentamiento del delito y la corrupción, ha habido un enfoque penalista, de amenaza y presión, en lugar de la prevención que aconsejan los organismos internacionales”.
Por tanto, al crearse este miedo, presión y amenaza, se ha dado espacio que permite que alguien desde un puesto público del Gobierno pueda amenazar y presionar. También, de acuerdo a la información que se dio, se han dado llamadas telefónicas desde un despacho ministerial a los operadores de justicia, que se ha dado porque no hay independencia de poderes, demostrando la desinstitucionalización que se vivió desde el 2009.
