Desahucian ruego de personas con discapacidad; marcha continúa
La Paz |
Los ministerios de Economía y de Salud ratificaron ayer que duplicar la renta a los discapacitados es inviable financieramente, porque supone un incremento del 500 por ciento al actual presupuesto que cubre una renta mensual de Bs 250 para 12.000 beneficiarios. En tanto, la marcha hacia La Paz continúa. La inserción laboral del sector es menor a 1 por ciento y ninguna ley que los beneficia se cumple a cabalidad.
El viceministro de Presupuesto, Jaime Durán, explicó que esos recursos provienen del financiamiento estatal que cada año tenían los partidos políticos por cerca de 40 millones de bolivianos, de los cuales ahora la mitad va al pago de la renta solidaria y la otra a cubrir costos de proyectos productivos, reportó Erbol.
Para sustentar, Durán detalló que actualmente existen 22.112 que reciben la renta solidaria que significa 22,2 millones de bolivianos, es decir, el 50 por ciento del financiamiento que iba a los partidos políticos, y subir a 500 bolivianos mensuales es aceptar un incremento imposible de cubrir para el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad.
Explicó que hay 41 proyectos en curso con una inversión de 50 millones de bolivianos durante los últimos años para capacitar en áreas de servicios y otras actividades productivas a favor de los discapacitados, además de los beneficios de dotarles 477 casetas de trabajo en todo el país y 975 viviendas a costos accesibles.
Dijo que si acceden pagar a los 61.447 inscritos, eso implicaría generar un fondo de 368 millones de bolivianos, para los que sería imposible encontrar una fuente de financiamiento.
Por su parte, la ministra de Salud, Ariana Campero, entrevistada en la estatal BTV, explicó que el grupo en movilización hacia La Paz tiene un interés netamente rentista, a diferencia del resto de las federaciones, donde se prioriza la inversión en áreas productivas y de salud.
Lamentó la actitud política de parte de algunos discapacitados que teniendo trabajo en algunas ONG, hablan del desempleo del sector, sin considerar que antes que llegara el actual Gobierno, no recibían nada del Estado.
Sin embargo, ambos reiteraron su pedido de diálogo.
En respuesta, el dirigente Jorge Flores dijo a ANF que “la ley sólo ha sido una bandera, porque en salud no se cumple, en educación tampoco, en el tema laboral peor, nos discriminan, por eso las declaraciones de la ministra de Salud de que en los nueve departamentos los compañeros con discapacidad están reinsertados es una burla, una mentira, no hay reinserción laboral, ni 1 por ciento”.
Flores subrayó que los discapacitados que trabajan en algunos Ministerios, que son pocos, tuvieron que hacer campaña por el MAS. “No han entrado mediante las federaciones nacionales, han entrado porque han hecho propaganda por el MAS”, apuntó.
Dijo que es por eso que el bono de 500 bolivianos que exigen debe beneficiar a todas las personas con discapacidad, independientemente del grado de dificultad y clasificación de impedimento que tengan.
Ambrosio López, uno de los allegados a los marchistas, denunció ayer a este medio que en Llavini la comunidad no les dejó acampar, se mostró hostil y tuvieron que irse.
“BS MIL NO BASTAN”
El dirigente de los discapacitados, Jorge Flores, argumentó que los 1.000 bolivianos de renta anual no alcanzar para cubrir sus necesidades básicas, considerando que su principal compra son medicamentos. “(...) Los medicamentos absorben todo nuestro presupuesto y ahora estamos mal de tantos días de marcha y por eso queremos que el Gobierno sea más sensible”, dijo.
La Ministra de Salud recordó que es obligación de las alcaldías y las gobernaciones cubrir la demanda de medicinas.