Seis gobernaciones no ejecutaron su presupuesto contra la violencia de género
LA PAZ |
Seis de las nueve gobernaciones del país registran ejecución presupuestaria "cero" en la lucha contra la violencia durante la gestión 2015, según un estudio del presupuesto público realizado por el Centro Gregoria Apaza.
Silvia Fernández, responsable de la investigación, explicó a ANF que los reportes presupuestarios a enero 2016 revelan que sólo las gobernaciones de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz cumplieron con el mandato de la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
La normativa obliga a los gobiernos subnacionales a adoptar los mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores.
Fernández recordó que el Decreto Supremo 2145 establece que "en la gestión 2015 los gobiernos autónomos departamentales debían destinar el treinta por ciento (30%) del total de los recursos del IDH de seguridad ciudadana, para la construcción y equipamiento de las casas de acogida y refugios temporales, para mujeres en situación de violencia y sus dependientes".
El análisis de género del presupuesto público develó que las gobernaciones de Chuquisaca, Potosí, Oruro, Tarija, Pando y Beni no ejecutaron la partida presupuestaria para la lucha contra la violencia.
La gobernación de Santa Cruz registró la mayor ejecución presupuestaria, más de 2,8 millones de bolivianos, seguida por Cochabamba (1,7 millones) y muy por debajo La Paz con 166 mil bolivianos.
Según Fernández, las gobernaciones "no tienen excusa ni justificativos para explicar la falta de ejecución presupuestaria pues la transferencia de recursos es automática y de no haber mediado las gestiones de las organizaciones de mujeres y redes de lucha contra la violencia pudieron perder esos recursos".
Ante la falta de ejecución presupuestaria, en noviembre 2015 el gobierno aprobó el Decreto Supremo 2610 que establece que los recursos destinados para cumplir con los mandatos de la Ley 3348 no podrán ser reasignados a otros fines.
Las cifras de la violencia crecen de manera exponencial, pero los gobiernos subnacionales no invierten para hacer posible una vida libre de violencia. Según Fernández, "hay falta de voluntad política y la temática de la violencia aún no ha sido asumida como prioritaria".
Mencionó como ejemplo el caso de la gobernación de Potosí que anunció una inversión de 4 millones de bolivianos para construir una Casa de Acogida, pero el proyecto se truncó debido a que las organizaciones sociales rechazaron que la misma esté ubicada en predios de la cárcel de Cantumarka por la falta de seguridad para las mujeres en situación de violencia. Ante las observaciones, las autoridades desecharon el proyecto.
Explicó que "no estamos hablando de grandes cantidades de dinero, apenas el 1,9 por ciento del total de los presupuestos se destinan a las inversiones que promueven la igualdad de género y el tema de la violencia forma parte de este ítem".
Según el reglamento de la Ley 348, el 2015 era el año de la dotación de infraestructura, pues a partir de la presente gestión, las gobernaciones sólo podrán destinar el 10 por ciento del total de los recursos del IDH de seguridad ciudadana para mantenimiento y atención en las casas de acogida y refugios temporales, a través de la provisión de personal y gastos de funcionamiento.
