Los invisibles: trata y tráfico de personas en la frontera argentino- boliviana
Amor de madre
Tras tres meses de búsqueda, Carina recuperó a su hija Antonella de 14 años con la ayuda de la excónsul argentina en Potosí, Reina Sotillo.
"Hay una muy parecida detrás de la esquina en donde están las otras chicas, pero le dicen Daniela, y tiene el pelito más largo". El episodio ocurre en la Villa Imperial de la ciudad de Potosí, en Bolivia. La mujer, sentada sobre sus polleras, con el pelo trenzado, desconoce lo valioso del dato que con inocencia lanza al aire. Mientras hace lo de siempre -cobrar limosna para limpiar el sucio baño de la terminal de ómnibus-, dos mujeres acaban de aparecer de incógnito, algo apresuradas, y enseñan una foto gastada. Son Carina Ramos, quiaqueña, 40 años, de tez trigueña, y Reina Sotillo, ministra plenipotenciaria del Servicio Exterior argentino, de 55 años, tez blanca y pelo rubio tapado por una capelina blanca.
Detrás de la esquina hay una whiskería -también les dicen "karaokes"-. Queda en el corazón del Barrio de las Mujeres. A Carina le tiembla el pulso: en los últimos tres meses viajó a lo largo y ancho de la Argentina buscando a su hija, de 14 años.
Para esa fecha, Sotillo ya tenía contactos en todos los pueblos y suburbios de su jurisdicción consular y zonas cercanas. En el 2007, la Cancillería de los tiempos de Jorge Taiana la había asignado, por pensar distinto, a un destino que todos rechazaban en el departamento boliviano de Potosí, separado de La Quiaca por un río -que por lo seco, es más bien un arroyo-. Zona árida, desolada y fría. Faltaban relaciones internacionales en esos cientos de kilómetros de frontera de una tierra que se parte de seca. Y también oxígeno: se sitúa a 3.450 metros sobre el nivel del mar.
Desde que llegó a la misión diplomática, Sotillo se dedicó a una actividad más humanitaria que consular: más humanitaria que consular: ostenta hoy el récord de haber restituido a más de dos mil menores de edad en ocho años de gestión, cifra que reconoció el Senado boliviano al otorgarle una mención honorífica al término de su gestión.
El caso de Carina y su hija de 14 años se presentaba como otro más de los que se repetían y se repiten: alguien se lleva de un país a otro, sin ningún tipo de registro, a una adolescente engañada, para algún tipo de explotación. Las ayudó una coincidencia de la historia, más bien una ironía: ese mismo diciembre del 2013, la Justicia tucumana de primera instancia había absuelto a los 13 imputados por la desaparición de Marita Verón -hoy, ninguno de los jueces permanece en su cargo: o renunciaron o se jubilaron y enfrentan cargos por cohecho-. Además, el proyecto para una nueva ley antitrata estaba a horas de perder estado parlamentario en el Congreso Nacional. El país entero hablaba sobre el tema, y el costo político hacía que varias autoridades se movilizaran.
Aquella mañana, Sotillo y Ramos salieron temprano, al alba, bajo el sol puñeno, cuando después de insistir con llamados telefónicos, la policía boliviana les informó que había una chica argentina que coincidía con las características físicas que buscaban.
"Había una casa vieja y echada a menos; se entraba por un pasillo largo y, en el fondo, luego de una escalera, se veían cuartitos, todos encimados", cuenta Carina. "No nos atendía nadie, hasta que vimos pasar por el pasillo a una chica, con extensiones de cabello, que levantó la mirada". Dice que gritó tan fuerte que salió un hombre desde el fondo; sin mostrar el rostro pero con voz bien grave advertía a la chica: "Daniela, vení para acá".
No era ninguna Daniela. Era Antonella, hija de Carina, que había desaparecido al salir de la fiesta del Día de la Primavera que realizaban en la Escuela Normal de La Quiaca. La chica no dudó: corrió a los brazos de mamá y no se movió de la Ford Ranger gris en la que habían llegado las mujeres, junto a un empleado del Consulado que se encargó de llevarlas. Hacía frío y era de noche. "Por un instante, pensamos en indagar algo más sobre quiénes eran las otras adolescentes -cuenta Sotillo-, pero había sido un día agotador y teníamos a la niña, así que rápidamente partimos". El viaje de regreso a La Quiaca fue en silencio.
Comprender o revictimizar
Hay que entender a las personas que aparecen: vienen de sufrir vulneraciones a sus derechos más íntimos, y de situaciones previas de vulnerabilidad.
"Lo fundamental para interpretar casos de trata es comprender la psicología de las chicas. Hay que entender a las personas que aparecen: vienen de sufrir vulneraciones a sus derechos más íntimos y, por lo general, vienen de situaciones previas también de vulnerabilidad", dice Marcela Rodríguez, responsable del Programa de Asesoramiento y Patrocinio para Víctimas de Trata de Personas de la Defensoría General de la Nación Argentina. "No es fácil obtener un testimonio, suelen sentir culpa o vergüenza. Y andá a conseguirles un psicólogo después; no es fácil, por la falta de recursos". Las pericias médicas determinaron que Antonella no se vio involucrada en actividades sexuales, pero varios especialistas coinciden en señalar que los captores suelen someter a las víctimas a un período de "ablande". A Antonella, a quien ya le habían cambiado la identidad, la salvaron a tiempo.
Como este caso, se repiten otros que no logran ser resueltos por la Justicia. El fiscal federal Federico Zurueta, con jurisdicción en Jujuy, advierte sobre una falla estructural: "Por ley, la trata es un delito federal, y el fuero federal en Jujuy no cuenta con recursos para asistir a las víctimas ni con psicólogos, ni lugares de albergue para alojarlas. La mayoría de los funcionarios, en general, no comprenden a las víctimas, no están acostumbrados, porque salvo en casos de trata, que es un delito relativamente novedoso -al menos en manuales jurídicos-, se trabaja siempre con potenciales delincuentes". Y las víctimas de trata no son delincuentes, aunque muchas veces se las criminalice.
El caso de Antonella recibió el apoyo del defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena Villegas, quien organizó encuentros de concientización, pero la causa terminó en el Juzgado de Menores a cargo de la jujeña Pilar Medina, que "lo cajoneó", según denuncia la madre. Al extremo de que hoy, cuatro años después, cada vez que la menor quiere cruzar a Bolivia por el paso legal, la detienen las fuerzas de seguridad por prevención ante un nuevo "abandono voluntario de hogar", como reza la carátula.
"Hay que desanudar prejuicios. Existe un preconcepto sobre el rol de la mujer que se juega fuerte en la interpretación de los casos de trata", así lo describe Marcelo Colombo luego de tres años a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), la institución que creó el Ministerio Público Fiscal en el 2013 para asistir específicamente a las fiscalías en estas temáticas.
"Los operadores judiciales no entienden el sufrimiento, deben ponerse en los zapatos de la víctima. ´Si usted tenía una puerta ahí, por qué no se fue; si usted tenía un celular, por qué no mandó un mensaje´. Siempre colocando un prejuicio sobre la víctima, pensando que va a actuar como si fuese él, que tiene un hogar, un coche que lo lleva a su lugar de trabajo, que no sufrió manipulaciones psicológicas", agrega.
Sin datos ni controles
La calle Jujuy, a 500 metros del paso oficial, se convirtió en un cruce cotidiano y aceptado, aunque sin controles.
Por la inexistencia absoluta de estadísticas, no es posible elaborar un número exacto de cuántos menores desaparecen en La Quiaca y en las poblaciones de los departamentos de Yavi, Santa Catalina y Rinconada. Pero existen historias de sobra. La profesora de la Escuela Normal de La Quiaca, Silvia Carretta, cuenta que "a menudo, los menores desaparecen de sus casas, a los meses vuelven y nadie se alarma". Producto de su preocupación, en el 2014 colaboró en la elaboración de dos manuales de prevención que fueron difundidos por las escuelas de la zona. Uno para los niños y otro, para los maestros.
"Son chicos que crecen en familias de poco diálogo, con elevados grados de alcoholismo y un nivel socioeconómico bajo, que no logran ver un futuro de providencia; por eso, ante cualquier oferta de trabajo, se van. En el caso de las mujeres, también hay que tener en cuenta que las familias de la Puna son machistas y las nenas escapan", explica la docente.
La Quiaca y Villazón crecieron a principios del siglo XX, cuando el Tren Central Norte -rebautizado después como El Belgrano- unió a la Argentina con Bolivia. Pero la relación de los pueblos antecede incluso a la formación de los Estados nacionales, y eso se ve en la calle: a diario, argentinos y bolivianos pasan de un lado a otro sin ningún tipo de control. Son dos ciudades contiguas, pero el límite fronterizo es solo una línea imaginaria. Cuando en 1993, el ferrocarril argentino dejó de funcionar, la postal que mejor representó al lugar fue la de una ciudad fantasma. Tardó años -de hecho, continúa en proceso- en reactivarse el comercio binacional por vía terrestre. Hubo un proyecto del entonces senador Guillermo Snopek -un reconocido jurista que luego fue gobernador de la provincia-para crear un territorio aduanero especial, una suerte de zona franca, pero fue vetado por Carlos Menem en 1994.
El actual gobernador jujeño, Gerardo Morales, anunció que en marzo del próximo año comenzará la obra de reactivación del tren. Por ahora, son sólo promesas de gestión. En la frontera existe un paso de Migraciones, claro, pero a escasos diez metros la gente camina como si no estuviese cambiando de país. Por el mismo sendero en donde se transita, hay tanta basura que viven al menos una docena de cerdos. Vale tener en cuenta que en Jujuy, que tiene poco más de 700 mil habitantes, se radican unos 20 mil bolivianos por año.
El ex titular de la Delegación Jujuy de la Dirección Nacional de Migraciones, Horacio Macedo Moresi -desde este año, es juez subrogante del juzgado Federal N°1 de la misma provincia- explica que "existen grupos delictivos compuestos por ciudadanos de ambos países que se aprovechan de la situación económica de los ciudadanos de La Quiaca, que nunca se terminó de desarrollar, y van cambiando de actividad de acuerdo a lo que convenga". Los expedientes judiciales demuestran que ahora hay grupos que se encargan de pasar por la frontera a ciudadanos chinos, pero en un pasado no muy lejano eran senegaleses y antes, colombianos. El paso La Quiaca-Villazón es el de mayor tráfico migratorio del Noroeste argentino.
Hay expedientes judiciales que investigan corrupción en el reparto de cupos aduaneros. Son permisos que brinda el Estado argentino para pasar los productos por el control de Tres Cruces, en la ruta nacional N°9, para vendérselos a los bolivianos en La Quiaca, que luego los pasan a Bolivia en carritos, o a lomo, a diario. Este ir y venir vertiginoso de hombres y mujeres, algunos mayores o incluso muy jóvenes, de un lado al otro del límite es la máxima actividad económica de La Quiaca.
Las causas se encuentran en el fuero federal, por tratarse de importación y exportación. El comercio va variando de acuerdo con las fluctuaciones cambiarias de ambos países; hoy, se basa prácticamente en vender harina y azúcar argentina a Bolivia.
La última medida de control en la frontera fue crear un cerco -de alambre y vigas de cemento- de 500 metros de largo alrededor del paso oficial, para encauzar a la gente por el corredor legal. Fue una iniciativa de Gendarmería, costeada por el Ministerio del Interior durante la gestión de Florencio Randazzo. Pero a los pocos días, el alambrado ya estaba dañado, y así sigue. Es una frontera colador, supervisada por el sistema llamado Área de Control Integrado: Gendarmería, junto al Escuadrón 21 de La Quiaca, velan por la seguridad; AFIP y la Dirección General de Aduanas (DGA) controlan los equipajes y vehículos, y Migraciones controla a quienes pasan. Los empleados de Migraciones perciben salarios inferiores a los de los otros dos organismos y son, paradójicamente, los encargados de velar por los derechos de las personas.
A pocas cuadras del puente fronterizo hay prostíbulos. En Villazón, la ley boliviana los autoriza, aunque no permite la presencia de menores -valga la aclaración-. Varios de los rescates de la excónsul argentina, Reina Sotillo, según señala un miembro actual de la Defensoría del Pueblo boliviano, ocurrían allí. A plena luz del día. El mecanismo, poco usual, era el siguiente: el juez federal argentino Wenceslao Cardozo redactaba un permiso para que ella pudiera actuar, por una cuestión de competencias. Sotillo se presentaba en el lugar con ese permiso y sacaba a las chicas. Luego, se labraba un acta por el traslado del menor a su lugar de origen.
Precio por cabeza
El exDefensor del Pueblo boliviano afirmó que los niños y adolescentes se venden ni bien cruzan la frontera a 5.300 pesos argentinos.
"Una niña, un niño o un adolescente boliviano se vende ni bien cruza la frontera a 5.300 pesos argentinos, es decir, unos 7.000 pesos bolivianos", aseguró Jorge Oporto Ordoñez, el ex Defensor Departamental de Potosí, en un reportaje difundido por el diario El Tribuno. Contó allí que "durante 2010 pasaron por la frontera 25 mil niños y jóvenes, de los cuales sólo retornaron 7 mil. Es decir que unos 18 mil niños y niñas bolivianos podrían estar trabajando en campos y talleres clandestinos en la Argentina, mientras que otros podrían haber tenido como destino la explotación sexual". Es difícil combatir la trata y el tráfico ilegal de migrantes porque, si bien todas las legislaciones occidentales antitrata surgieron a partir de un Protocolo internacional firmado en Palermo, Italia, en diciembre del 2000, difieren las metodologías entre los países, que adoptaron distintas formas y procesos. Se trata, además, de un crimen transnacional.
La ONG argentina Esclavitud Cero cuenta, a partir de denuncias recibidas, que niñas bolivianas de 12 a 13 años son ofrecidas para todo servicio en la Argentina, a 2500 dólares al año. "Se pagan 1.250 dólares al ser entregadas y 1.250 dólares al cumplirse el año de trabajo. Las niñas trabajan sin horarios, no se les permite salir, viven en pésimas condiciones y también son abusadas sexualmente. Sin embargo, como no hay políticas activas de búsqueda, a estos menores en la Argentina no se los encuentra", aseguró en el 2013 Mercedes Assoratti, la directora de la organización, durante el Congreso Antimafia realizado en la Universidad de Buenos Aires (posteriormente, se editó un libro de circulación gratuita, con fondos de la Legislatura porteña, por iniciativa del legislador Gustavo Vera y el integrante de la ONG La Alameda, Lucas Schaerer).
"Es delicado investigar la trata, porque tiene células criminales itinerantes que fluctúan empleando los mismos recursos para cometer varios delitos. Todos se manejan en un mismo plano, de manera que no hay líderes ni referentes. La mayoría son clanes", confía un gendarme quiaqueño que pide e insiste por su anonimato. "En los últimos meses, se vio mucho tráfico ilegal de personas de nacionalidad china, que llegan al puerto de Perú, en barco, luego por tierra hasta Bolivia y hay gestores que les cobran por pasarlos a la Argentina y llevarlos hasta Buenos Aires". Hay expedientes en la Justicia: el precio por llevar un chino indocumentado desde Villazón, pasando por La Quiaca, hacia Plaza Miserere, en el barrio de Once, Capital Federal, se estima en 70 mil pesos por persona.
Datos destacados
- 900 menores pasan por día de forma irregular por la frontera La Quiaca-Villazón. Fuente: Pastoral de Movilidad Humana.
- 18.000 niños bolivianos trabajan en talleres clandestinos y campos en la Argentina. Fuente: Defensoría del Pueblo de Bolivia.
- 70.000 pesos argentinos es el costo de cruzar a una persona indocumentada desde Villazón (Bolivia), pasando por La Quiaca, hasta Buenos Aires. Fuente: Justicia Federal jujeña.
- 1.200 hombres en edad de trabajar no tienen empleo registrado, de los 20.000 habitantes de La Quiaca. Fuente: Hospital “Jorge Uro” de La Quiaca.
- 616 son los kilómetros que separan la oficina más cercana del ministerio de Seguridad de la Nación con el paso fronterizo La Quiaca-Villazón.
- 500 metros es la distancia entre la “Calle Jujuy”, un cruce sin controles, y el Paso Internacional Horacio Guzmán.
- 153 personas, solamente, fueron condenadas por trata de personas en la Argentina. Fuente: juez federal argentino Santiago Inchaustti.
- 6.033 personas son buscadas actualmente en la Argentina.
Fuente: PROTEX
Los invisibles de La Quiaca - trata consumada (video 2) from Investigaciones Fopea on Vimeo.
La versión original de esta investigación está disponible en www.investigacionesfopea.com. Este trabajo fue realizado por Diego Granda para el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), como parte del proyecto La Otra Trama.
Los invisibles de La Quiaca - Frontera (Video1) from Investigaciones Fopea on Vimeo.
