Analistas: Cooperativistas aportan con mínimas ganancias al Gobierno

La Paz | Los Tiempos

Las cooperativas mineras en el país tienen “el gran negocio” con el Estado, al que aportan con fuentes de trabajo pero le dejan poco de sus ganancias por explotar grandes yacimientos, es una de las conclusiones del conversatorio organizado por la Fundación Jubileo “Minería y Cooperativismo Minero en Bolivia” que contó con la participación de dos reconocidos profesionales entendidos en el tema: Héctor Córdova Eguivar y Pedro Mariobo Moreno.

Los analistas argumentaron también que los recursos minerales del país, que son de propiedad de todos los bolivianos, son explotados por los cooperativistas gracias a las normas establecidas por el propio Ejecutivo.

Otra de las conclusiones es que la última movilización de los mineros no fue una conspiración sino una subversión.

De acuerdo con la apreciación de los dos especialistas, el último conflicto que enfrentó a los cooperativistas mineros con el Gobierno fue a consecuencia de las contradicciones que hay en las normas que regulan la actividad, el discurso ideológico radical y la tendencia política con la que busca el Ejecutivo reivindicarse ante la sociedad.

El Gobierno intentó justificar los acontecimientos luctuosos denunciando una conspiración.

Mariobo Moreno, director Ejecutivo del Centro de Promoción Minera (Cepromin), explicó que los cinco decretos que lanzó el Gobierno sólo responden a la tendencia actual del conflicto porque muchos artículos y leyes le dan la razón a los cooperativistas (que pueden suscribir contratos de asociación), “pero que estos decretos últimos, ninguno están en contra de las cooperativas porque lo único hacen es recoger las realidad que han mostrado las cooperativas”.

“Esa no es conspiración, es subversión, subvertir el orden público, desordenar, generar problemas, malestar, alterar el orden público, en tanto, la conspiración ya es querer voltear al Gobierno, la subversión es pública, la conspiración es semipública y mayormente en la sombra, la subversión no necesita una dirección política, basta con el descontento, la protesta, las reivindicaciones no atendidas; pero la conspiración sí necesita de una dirección política y, en este momento, no hay. La gran fortaleza del Gobierno es que no tiene una oposición organizada”, señaló.

Bajo este concepto, el Director de Cepromin cuestionó la medida asumida por los cooperativistas y los errores en los que incurrió como ser el “no considerar que el monopolio de la fuerza la tiene el Gobierno”, además de utilizar métodos de lucha que no están acorde con el proceso actual democrático.

Dijeron también que empresas de diferentes nacionalidades han operado en el sector minero del país. Entre ellas chinas, rusas, canadienses y palestinas.

De acuerdo con Córdova, las transnacionales arribaron al país en los momentos en que los precios de las materias primas eran altos y atractivos en los mercados internacionales.

“En Bolivia, cuando subieron los precios de los minerales, llegaron empresas chinas. Tienen asociaciones con cooperativas, ellos son los que han traído más capital externo para asociarse con bolivianos, primero los canadienses, los chinos, rusos y ahora palestinos”, reveló.

SECTOR ESTRATÉGICO PORQUE GENERA MILES DE EMPLEOS

Héctor Córdova, analista en Minería de la Fundación Jubileo, explicó que pese a que las cifras frías demuestran el “insignificante aporte” de las cooperativas para el Estado, el Gobierno requiere y mantiene su relación contractual con las cooperativas mineras porque se constituyen en uno de los sectores que ofrece “empleo”.

“En el Estado, tenemos ocho mil empleos; en el empresa mediana y chica, también ocho mil; en tanto, las cooperativas aproximadamente cuentan con 120 mil socios. En Bolivia tenemos una limitación muy fuerte para genera empleo, como no tenemos esa capacidad, el cooperativismo minero, particularmente el aurífero, se ha convertido en una solución para el Gobierno, por eso le da tanta soga, porque, de otra manera, toda esa gente, 100 mil personas, estarían en las calles que pueden desestabilizar cualquier política del Gobierno”, sostuvo.

Señaló que el problema se presenta, también, debido a que no pueden acceder a yacimientos nuevos por no contar con un capital, tecnología y tiempo suficiente por lo que generalmente las cooperativas trabajan en yacimientos desarrollados e incluso marginales y abandonados. Córdova aclaró que la intención del Ejecutivo es reordenar las relaciones con las asociaciones mineras.