¿Ha estallado la paz?

Durante más de 50 años de virtual guerra civil en Colombia,  grupos de adictos a determinadas posiciones doctrinales, no siempre coincidentes entre sí, invocando su derecho a enmendar injusticias originadas en el sistema político imperante, cometieron crímenes de extrema gravedad como genocidio, devastaciones, y diversos otros actos contra los derechos humanos, incluyendo tráfico de estupefacientes. Esa situación dio margen a un fuerte anhelo de paz que se percibía desde tiempo atrás en el ánimo de la mayoría de sus habitantes.

El Gobierno colombiano expresó que es su deber, como receptor de ese sentimiento, hacer que tal ansia se haga realidad. Para ello entró en contacto con los rebeldes teniendo en cartera el propósito de suscripción de un acuerdo que haga posible una paz definitiva.

Suscrito el anunciado acuerdo en La Habana con padrinazgo del Gobierno cubano, la paz pactada con una de las asociaciones delictivas tuvo como base un explícito repudio de disposiciones de la Constitución Política de Colombia y de sus Códigos del área Penal establecidos para lógica sanción de delitos. Otro grupo guerrillero no participó en ese arreglo.

En mérito a la conveniencia mencionada, reemplazando penalidad con inmunidad, se otorgó perdón a los sediciosos con aplicación a su favor de medidas adicionales para inmediata participación de ellos en la acción política legal propia de un Estado de Derecho.

Semejante final implica que los vencedores, después de medio siglo de contienda, son los insurgentes. En esa guerra, la iniciativa de adiós a las armas no surgió de los insurrectos sino de los gobernantes, y concluyó con suscripción de un documento con sello de auténtica capitulación que estipula  rendición.

Puesto ese acuerdo a consideración del pueblo colombiano por la vía del referéndum, la posición de negativa obtuvo más votos que la de aceptación aunque con mínima diferencia. Predominó en alto grado el número de indecisos. Quedó claro que la negativa, según aclaración de sus proponentes, no significó posición contraria al ánimo de paz sino  rechazo del precio alto fijado para su realización.

El elevado número de indecisos (más del 50 por ciento), tiene sin duda origen en numerosos aspectos relacionados al tema de la paz apetecida, respecto a los cuales hay incógnitas no despejadas. Entre ellas se destacan la no participación de uno de los sectores subversivos en la alianza concertada, la duda sobre cumplimiento de lo convenido por parte de los beneficiados con perdón por sus actos delictivos, la certeza de no reparación de los daños causados, la posible incorporación de los amnistiados al poder político vigente, y varios otros etcéteras.

Ante ese panorama, y vistas las motivaciones políticas de la paz concertada entre gobernantes y rebeldes, resulta inadecuada la concesión del Premio Nobel de la Paz al Presidente de esa República. Por otra parte, es desconcertante la decisión asumida por éste de destinar su premio en metálico a indemnizar a las víctimas de los facciosos, asumiendo en marco de subrogación el deber de los obligados, con lo cual, al parecer, pretende hacer desaparecer una de las principales objeciones a su benévolo acuerdo.

 El autor es abogado.