Paraísos fiscales y financiamiento de la Agenda 2030

Frenar la evasión y elusión fiscal, así como los flujos ilícitos, es un requisito central para potenciar la movilización de los recursos financieros necesarios para avanzar en los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En este contexto, el desafío de enfrentar los paraísos fiscales cobra creciente urgencia a nivel internacional, tal como fuera planteado en el Plan de Acción de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, de Addis Abeba, en 2015.

En las últimas décadas se ha acrecentado la importancia de los paraísos fiscales, dada la globalización económico-financiera, que conlleva significativos flujos comerciales y financieros transfronterizos en un marco de creciente desregulación financiera, los importantes aumentos en la inversión extranjera directa y la consolidación de las empresas transnacionales. Estos factores, junto a los avances tecnológicos, han permitido que las grandes corporaciones, nacionales o transnacionales, así como las personas de altos patrimonios, utilicen métodos agresivos de planificación tributaria, que incluyen a los paraísos fiscales para aprovechar la falta de regulación, las lagunas jurídicas y la poca información que existe en las administraciones fiscales nacionales. Por su parte, la desregulación financiera, el secreto bancario y la falta de transparencia han facilitado que los flujos financieros ilícitos también transiten por los llamados paraísos fiscales.

El costo económico de estas prácticas es muy alto y su eliminación aportaría importantes  recursos al financiamiento de la Agenda 2030. Cálculos de la riqueza estacionada en los paraísos fiscales la sitúan en 7,6 billones de dólares. Las pérdidas tributarias anuales por impuestos personales a nivel global llegan aproximadamente a 189.000 millones de dólares, de los cuales 21.000 millones corresponden a pérdidas de contribuyentes latinoamericanos. A nivel de empresas multinacionales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y el Desarrollo (Unctad) estiman que la planificación tributaria agresiva por parte de estas empresas generó pérdidas tributarias a nivel global entre 100.000 y 240.000 millones de dólares en 2014.

En América Latina la Cepal ha estimado que la evasión al impuesto a la renta de empresas y personas físicas es del orden de 220.000 millones de dólares, equivalente a 4,3 por ciento del producto interno bruto (PIB) regional en 2015. Si a esto sumamos la evasión del impuesto al valor agregado (IVA) —de 120.000 millones de dólares— la cifra de evasión total llega a 340.000 millones de dólares, equivalente a un monto cercano a 6,7 por ciento del PIB. Por concepto de flujos ilícitos vinculados al comercio internacional la Cepal ha estimado pérdidas tributarias en torno a 31.000 millones de dólares en 2013.

La dispersión geográfica de los paraísos fiscales demuestra que es un problema global y no atribuible sólo a los países en vías de desarrollo. De hecho, el universo de paraísos fiscales es mucho más amplio e incluye un número importante de países desarrollados. Por ejemplo, en Luxemburgo y en los Países Bajos, a fines de 2013, los activos de extranjeros llegaron a un total de 5 billones de dólares en cada país. En el contexto de los países de la región, se estima que dos pequeñas islas del Caribe de habla inglesa, las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas, son los principales actores, manejando inversiones de extranjeros de más de 4 billones de dólares y de 1 billón de dólares, respectivamente.

En los últimos años se han presentado importantes iniciativas globales para hacer frente al problema de la evasión y elusión tributaria y el desvío u ocultamiento de las ganancias en los paraísos fiscales, así como para poner freno a los flujos financieros ilícitos. Por ejemplo, en el Plan de Acción de Addis Abeba los países se comprometieron a “redoblar los esfuerzos encaminados a reducir sustancialmente las corrientes financieras ilícitas para 2030, con miras a su posible eliminación, en particular luchando contra la evasión de impuestos y la corrupción mediante el fortalecimiento de la regulación nacional y el aumento de la cooperación internacional”.

Otra iniciativa se refiere al plan sobre la erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS por sus siglas en inglés) del Grupo de los Veinte (G-20) y la OCDE, y la iniciativa de Estados Unidos para la implementación de la ley sobre cumplimiento tributario de las cuentas extranjeras (Foreign Account Tax Compliance Act - FACTA) basada en acuerdos bilaterales intergubernamentales para el intercambio de información.

Un elemento común a las iniciativas arriba mencionadas es que reconocen que la evasión y elusión tributaria, así como de los flujos ilícitos, son problemas globales y como tal requieren de una solución global. En este sentido, deben tratarse con un enfoque multilateral en el seno de las Naciones Unidas, que incorpore las necesidades y realidades de todos los países y avance en la construcción de un pacto fiscal global que se haga cargo entre otras cosas de terminar con las prácticas tributarias agresivas y el secreto financiero. Para asegurar una verdadera multilateralidad es importante avanzar en la creación, bajo los auspicios de la ONU, de un foro intergubernamental que dé cuerpo a un pacto fiscal global que permita la discusión de temas fiscales de alcance mundial y regional, en línea con lo planteado en el Plan de Acción de Addis Abeba: “Destacamos que las actividades de cooperación internacional en cuestiones de tributación deben tener un enfoque y un alcance universales y deben tomar plenamente en cuenta las distintas necesidades y capacidad de los países”.

Desde esta perspectiva, los países de América Latina y el Caribe debieran mostrar una voz común que les permita tener mayor influencia y presencia en las propuestas globales en materias fiscales. Dado el actual contexto internacional, para combatir la evasión es necesario profundizar los mecanismos de cooperación entre países y bloques regionales, para lo cual los organismos multilaterales pueden servir de espacios para alcanzar acuerdos y consensos. Esto sería de gran beneficio para todas las naciones de nuestra región.

La autora es Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).