Suspensión y abrogatoria de facto de la voluntad soberana

Esto es algo así como  buscar en cien tiros de dados la ansiada “dormida” en el popular juego de cacho

Se asiste a la suspensión  de facto de la voluntad soberana expresada el 21 de febrero, fecha en la que más del 51 por ciento de los votantes le dijo NO a la reforma constitucional que posibilitaba la repostulación de cualquiera de los dos sea Presidente o Vicepresidente. Ahora, la idea de consultar hasta que cambie de humor el soberano es, en los hechos, generar un efecto abrogatorio de la voluntad popular expresada en los resultados anteriores y que el Tribunal Electoral hoy registra legalmente como un dato imborrable del acontecimiento ciudadano e institucional más importante de este período constitucional y que no es posible soslayar.

Los juegos ladinos de un congreso partidario en Montero, recuerdan ese estilo criollo y colonial de manipular la ley. El viejo “se acata pero no se cumple” nunca fue  tan grotesco y evidente en este relanzamiento autoritario-colonial del poder con rostro popular. Todas las variables imaginadas para la repostulación presidencial, sólo llevan al camino de marcar un estado de excepción  a la democracia. Y, en este momento, no se puede tener un cauto silencio o apelar a la cultura del “consultor” o pensador “neutral” a sueldo.

Desde el razonamiento del actual Gobierno, la idea de la sucesión o una abrogatoria de la voluntad popular expresada en el referendo del 21 de febrero, como última ratio política, está en marcha, limpiándose sus zapatos con los valores y principios de legalidad democrática representativa, participativa e incluso la comunitaria, se asiste a un Estado de suspensión de facto, de esos principios, es una guerra política-legal contra la población que podrán activarla cuantas veces vean conveniente.

No se trata ya de procedimientos legal-institucionales, sino a una ingeniería o rito político y social que busca legitimar, por la vía del exceso jurídico, una reelección indefinida, nos acercan a las previas de una ceremonia de entronización en el poder de su rey.

Entonces,  ¿que hará el Tribunal Electoral?, en un sentido amplio de las normas electorales su función consiste en “garantizar al vencedor el goce del resultado del proceso” expresado el 21F, lo contrario será que ese exceso de referendos -como sueña la burocracia estatal- hasta que les salga el número o el resultado deseado para seguir indefinidamente en el poder, se constituya en algo así como un abusivo golpe de Estado a la decisión del soberano, decisión que ya ha causado estado y ahora buscan desconocer de facto,  sin el respeto que solo puede verificarse acatando el resultado . También, esto es algo así como  buscar en cien tiros de dados la ansiada “dormida” en el popular juego de cacho, y eso definitivamente no tiene nada que ver ya con la democracia y puede desatar la indeseable violencia.

El autor es abogado.