Historia democrática

El 26 de marzo de 1982, hace 35 años, murieron dos obreros durante una marcha convocada por la Federación Sindical de Trabajadores Fabriles de Cochabamba; Dámaso Alvarado y Eloy Guarachi, en un episodio más de las luchas por la restitución de la democracia en aquellos tiempos. Cuando la columna de marchistas se apresuraba en llegar al frontis prefectural, hoy Gobernación, desde sus techos comenzaron a dispararles con fuego de metralla, cayendo además una docena de heridos. Era época de los Gobiernos militares. El pánico se apoderó de los fabriles y en cuestión de segundos todo era un caos. Frente a las balas, eran inofensivos e inútiles recursos las pedradas fabriles. Varios otros cayeron presos y otros eran buscados por la policía política.

El país estaba bajo Gobierno de Celso Torrelio Villa, que ocho meses antes, en agosto de 1981, le había sucedido en el cargo a Luis García Meza. Asumió la presidencia con el encargo de convocar a nuevas elecciones en plazo de 90 días y no lo hizo. Ante el incumplimiento, los fabriles de Cochabamba instalaron una huelga de hambre de dos semanas en la Catedral.

El reclamo por salarios y el elevado costo de vida eran los detonantes, ante todo políticos, que reclamaban un cambio de situación en el país. Las dictaduras militares en concomitancia con las oligarquías feudales, no supieron responder a la delicada tarea de administración del Estado, por el contrario, impedían abiertamente las labores sindicales y las actividades políticas.

Una semana antes del 26 de marzo, los trabajadores del país habían acordado con el Gobierno un reajuste salarial; 1.800 pesos bolivianos, aparentemente una cifra considerable, pero que no alcanzaba para los mínimos gastos de alimentación. Dos días después Torrelio Villa decretaba la fluctuación del tipo cambiario del dólar y la desregulación de los precios del pan, azúcar, carne, arroz y otros productos básicos abriendo el imperio a la especulación, lo que colmó la paciencia laboral. Los trabajadores se sintieron burlados en sus aspiraciones, ya que el aumento salarial al día siguiente no significaba nada en su poder adquisitivo frente a la ola especulativa que comenzó a crecer.

“Los trabajadores fabriles de Cochabamba, creemos que el problema de fondo es que hay un Gobierno que además de hambreador, sigue la línea de la destrucción nacional impuesta el 17 de julio de 1980. Y por ello no permite el ejercicio de las libertades democráticas. Debemos convencernos que se trata de un Gobierno de origen espúreo, hambreador, conculcador de las libertades y derechos fundamentales de las personas. No se puede confiar en él”, decían en un manifiesto convocando a un paro laboral y la marcha de protesta para aquel viernes sangriento.

“Es necesario plantearnos seriamente una solución contra esta política liquidadora de la economía popular y nacional, para esto hemos venido repitiendo con insistencia que no habrá solución de la situación económica, sino hay una solución política que devuelva al pueblo sus libertades democráticas”.

Y luego vino el fatal desenlace. La marcha cruzaba la plaza frente a la Catedral por la acera sur y de pronto se escucharon las detonaciones de metralla. Hubo desbande. Los fabriles empeñados con tomar la plaza se reagruparon y trataron de ingresar por distintas calles cargados de sus muertos y heridos. Era un baño de sangre. No tenía sentido alguno el artero ataque a los trabajadores. Cayeron dos obreros más por la recuperación democrática, de la que hoy otros sectores sociales usufructúan al viejo estilo de las más aberrantes oligarquías.

El autor es periodista.