Conflicto de Achacachi: persistir en la contradicción sólo aleja la solución
El conflicto de la Fejuve de Achacachi de inicio fue conocido por el país como hecho municipal que en corto tiempo dio un viraje mediático con titulares que presagiaban una eclosión social.
Sin embargo, se redujo a una movilización dispersa y debilitada por sus propias contradicciones. Para su mayor descrédito, la derecha no dudó en utilizarlo políticamente.
Los discursos radicalizados muestran apariencias o deseos anticipados, pero no construyen realidades.
Sobre todo, si surgen de la tergiversación y manipulación política para satisfacer intereses personales y sectoriales.
La dirigencia de la Fejuve de Achacachi manipuló la voluntad de sus representados y llegó a usar un conflicto municipal legítimo, para intentar forzar un enfrentamiento político nacional.
La Fejuve perdió legitimidad porque adulteró las decisiones de un “magno cabildo” de Achacachi y llegó a plantear demandas políticas que nunca fueron consideradas por esa población.
De acuerdo con la resolución No 01/2017 del “Gran Cabildo Abierto de la Gloriosa Ciudad de Achacachi” (sic) de fecha 26 de enero de 2017, los pobladores de esa localidad decidieron “desconocer al presidente del Comité Cívico, censurar a los siete concejales titulares del Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi y exigir garantía plena al Alcalde de Achacachi”.
Ninguna de esas decisiones, vinculantes para la Fejuve y los vecinos, involucra al Gobierno nacional, ni considera las consignas políticas que, a nombre del pueblo de Achacachi, llegaron incluso a proclamar que nuestro presidente Evo Morales “no tiene pisada” en ese municipio.
Ese extremo no fue debatido ni consensuado por los pobladores.
La protesta de la Fejuve se desarrolló en tres fases. Inicialmente causó la sorpresa, luego generó preocupación y, finalmente, generó rechazo.
La sorpresa surgió por la intención de cambiar el escenario del conflicto y la movilización de un grupo minoritario de dirigentes, que utilizó a mujeres y niños.
La preocupación de la ciudadanía se materializó, en un primer momento, al conocerse los anuncios de “alianzas” con otros sectores sociales, pero al constatarse el sacrificio de nuestras hermanas de Achacachi utilizadas en una vigilia a la intemperie y el aprovechamiento oportunista de políticos de derecha, se comenzó a manifestar el rechazo de la ciudadanía.
Además, al pretender hacer una pulseta con el Gobierno, movilizarse con pasamontañas en las carreteras y amenazar con que “la sangre llama a la sangre”, los operadores de la protesta terminaron de agotar su credibilidad.
Otro defecto de nacimiento fue la forzada articulación de llamadas alianzas con sectores con más diferencias que coincidencias.
¿Qué tenía en común la Fejuve de Achacachi con una dirigencia de Adepcoca que, al igual que la embajada de EEUU, rechaza la nueva Ley General de la Coca?
El llamativo apoyo de Samuel Doria Medina a los achacacheños que antes despreciaba, derivó en el rechazo ciudadano ante semejante cinismo político.
Otra contradicción se manifiesta cuando la dirigencia de la Fejuve, por un lado manda cartas al Gobierno para expresar su voluntad de diálogo, y por otro lo insulta a nombre de Achacachi en todos los escenarios mediáticos.
Como se dejó establecido anteriormente, el conflicto de Achacachi tiene vías de solución institucional, constitucional y legal y ha sido precisamente el Gobierno nacional el que propició escenarios de diálogo en la Cancillería del Estado Plurinacional.
La Fejuve de Achacachi tiene la obligación de velar y proteger los derechos de los ciudadanos y no puede atentar contra el principal derecho político de los mismos, que constituye en la facultad de elegir un alcalde o removerlo del cargo, a través de un referéndum de revocatoria de mandato. La decisión debe ser del pueblo y no de un grupo de dirigentes.
Cualquier diálogo debería darse entre las partes en conflicto y en el marco de las determinaciones del magno cabildo de Achacachi y liberada de acciones conspirativas contra el Gobierno nacional.
Finalmente, la solución a este conflicto debe darse por las vías municipal, judicial y electoral, que se encuentran al alcance de la voluntad de los actores políticos que protagonizan la movilización. De no hacerlo, se comprobará que su verdadera intención es política y desestabilizadora.
El autor es Ministro de la Presidencia.
