Nuevos escenarios, nuevas políticas y mismo objetivo
Luego de muchos años de buen desempeño económico, el país y la región han alcanzado un punto de inflexión que merece una atención particular. La caída de los precios del petróleo ha generado una cadena de efectos que plantea desafíos considerables. En los últimos tres años, las cuentas fiscales saldaron con déficit y nada indica que exista la posibilidad de que el resultado sea diferente para esta gestión. A pesar de su capacidad de endeudamiento, el sector público tiene más restricciones que antes para realizar gastos e inversiones.
En mayor o menor medida, esta situación tiene un vínculo con la decisión de eliminar parcialmente la subvención del gas al sector industrial. El encarecimiento de un insumo nunca es una buena noticia para el sector productivo y esta medida puede tener diferentes efectos dentro un espectro limitado por dos extremos. Por un lado, es posible que todo el incremento sea absorbido por el sector industrial, resultando en una disminución de las utilidades. Por otro lado, es posible que todo el incremento repercuta en los precios del bien final, siendo los compradores los que deban pagar toda el alza del gas para las industrias. En la realidad, sucederá una combinación de ambas situaciones; este costo será repartido entre el sector y sus clientes, quienes en muchos casos emplean los productos industriales como insumos para sus propias actividades. De acuerdo con la Cámara Nacional de Industrias, esta medida puede generar costos adicionales de alrededor de Bs 140 millones anuales.
Autoridades públicas han defendido esta medida bajo la premisa de que se trata de una nivelación de precios que promueve una redistribución más justa de la riqueza a favor del pueblo boliviano. Objetivamente, queda claro que, por sí solo, el incremento de los precios del gas al sector industrial no generará ningún efecto positivo en la población en su conjunto. Al contrario, los precios de los productos industriales tienen ahora una presión hacia el alza que se traslada a actividades económicas no industriales y se está limitando la capacidad de inversión y de generación de empleos. Estos y muchos otros efectos negativos ya se han discutido ampliamente en diferentes medios.
El sector industrial está a prueba. Claramente, las autoridades no perciben en él un conjunto de emprendimientos que requieren de ayuda pública para desempeñarse con éxito. El alza del precio del gas es una señal de que existen otros sectores económicos que son prioritarios al momento de recibir un apoyo del sector público. Quizá, debemos entender que el Gobierno prioriza la capacidad de generación de ingresos públicos por parte de la estatal petrolera, y que está apostando a mantener los altos niveles de inversión pública en los últimos años. El Gobierno demuestra que éstas u otras medidas de mantener el crecimiento económico son una prioridad.
Queda claro que el statu quo no es una opción y que la modificación del precio del gas es uno de muchos giros en la política pública a futuro, en nuestro país y en todo el mundo. Las señales son muy claras e indican que todos estos giros seguirán, sin contemplación, el modelo económico que el Gobierno promueve. En realidad, no hay mucho campo para sorpresas.
El autor es miembro del Observatorio Ciudadano Cochabamba Nos Une
