21F + 28N + 3D = ¿Y ahora qué?
Uno de los avances institucionales logrados por la democracia boliviana durante los últimos 20 años es la consulta popular directa por medio de referéndum. El referéndum, implementado por primera vez por el Gobierno de Mesa en 2004, permite que la población decida directamente sobre algún asunto de importancia nacional, confiriendo legitimidad al proceso político. Un referéndum permitió la aprobación mayoritaria de la Nueva Constitución Política del Estado en 2009, y este mecanismo está reconocido en la misma CPE como instrumento de democracia directa con carácter vinculante (de cumplimiento obligatorio). En tanto implica la decisión directa del soberano, el referéndum es el único mecanismo por el cual se puede modificar la Constitución boliviana.
La Constitución también deja claro que el Presidente del país no puede reelegirse más de una vez de forma consecutiva. Evo Morales ejerce desde 2015 su segundo y último mandato (en verdad es el tercero, pero el primero era en “otro” Estado y no cuenta), por lo que la única forma en la que él pudiera volver a postularse a la presidencia es modificando los artículos correspondientes de la Constitución. Y para eso convocó el Gobierno a un referéndum que, de ser favorable, hubiera permitido la repostulación del Presidente en la elección de 2019. La consulta se realizó el 21 de febrero de 2016, pero para desconcierto de muchos, la sociedad boliviana rechazó mayoritariamente la propuesta de modificación constitucional. 21F.
Como en el Gobierno están convencidos de que Evo Morales es “insustituible” y que el proceso de cambio no puede continuar sin su liderazgo directo, decidieron poner en duda la constitucionalidad de los artículos de la CPE que, como en cualquier otro país, limitan la reelección presidencial. Así es que algunos legisladores interpusieron una demanda ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, argumentando que los derechos políticos de los ciudadanos en ejercicio del poder estaban siendo violados por la limitación constitucional en el número de postulaciones para el cargo.
El órgano al cual se presentó la demanda de inconstitucionalidad, el TCP, había tenido a sus magistrados electos por voto popular 6 años antes, en un proceso polémico en el que se cuestionó fuertemente su idoneidad y su legitimidad (los magistrados fueron electos de entre una lista de candidatos cuestionada, con porcentajes de votación muy bajos en una elección en la que el voto no válido superó al válido). De manera sorpresiva, el 28 de noviembre de 2017 los magistrados del TCP le dieron la razón al oficialismo por medio de un fallo jurídicamente desconcertante y políticamente riesgoso. Un tribunal con baja legitimidad y escasa confianza ciudadana desconocía lo que el soberano había decidido en las urnas poco antes. 28N.
El fallo del TCP salió apenas unos días antes de que se realizaran las segundas elecciones de jueces de los principales tribunales del país. Esta forma de selección de magistrados única en el mundo pretendía ser una innovación democrática de la Constitución boliviana, pero los hechos sugieren que no pasa de ser un experimento fallido que ha debilitado aún más la institucionalidad del sistema judicial. No es por nada que los jueces de los altos tribunales no se eligen por voto popular en ningún otro país.
Pese a las presiones en su contra, a lo confuso del mismo proceso electoral y al clima de descontento ciudadano por la decisión del TCP, el Tribunal Supremo Electoral administró la elección de autoridades judiciales con integridad, más allá de sus propias limitaciones institucionales. Y aunque el voto nulo se impuso, reflejando el descontento popular con el Gobierno y con este proceso electoral en específico, se eligieron a los magistrados que estarán a cargo de los principales tribunales del país durante el próximo sexenio. 3D.
¿Y ahora qué? La “ecuación” que da título a este artículo tiene tres consecuencias relevantes para el país. En primer lugar, se debilita la democracia y sus instituciones. La decisión por voto popular, institución fundamental de la democracia, es ahora menos creíble para la gente en tanto puede ser revocada por una decisión judicial; al mismo tiempo la importancia del voto se diluye en procesos electorales insulsos como el de las autoridades judiciales. Una víctima colateral es el TSE, que tiene que administrar procesos electorales enfrentando muchas adversidades, a las que ahora se suma la devaluación del voto. El sistema de justicia también queda ahora aún más debilitado que antes, con jueces electos con escasa proporción de votos y con el estigma del fallo del TCP actual. Y una nueva postulación, en esas condiciones, afecta también a la figura del Presidente, quien es visto cada vez más como alguien empecinado en mantener el poder a cualquier costa.
También se vislumbra un nuevo ciclo de polarización social y política en el país. Mientras que unos, parapetados en los escritorios de las dependencias estatales defienden con uñas y dientes una nueva postulación de Morales, otros se atrincheran en la decisión popular del 21F o en el triunfo pírrico del nulo el 3D. Otra vez surge la tendencia de ver todo el proceso reciente en blanco o negro, generalizando y simplificando la complejidad histórica a un “a favor” o “en contra”. Y los riesgos de una polarización elevada en un contexto de debilidad institucional son grandes (recordemos que la sociedad boliviana llegó al borde de la violencia durante la polarización de finales de la década pasada).
Finalmente, esta combinación de eventos genera incertidumbre, uno de los fantasmas más grandes de la sociedad y la política bolivianas. Las certezas se basan en el funcionamiento normal y predecible de las instituciones, el cual depende de reglas, la principal de las cuales es la Constitución. Si la CPE puede ser declarada “inaplicable”, la base misma que sustenta el ordenamiento social y político del país es inestable. Pueden esperarse ahora todo tipo de demandas de inaplicabilidad de la Constitución y las leyes; pero también es posible que, ante la falta de credibilidad de las instituciones, algunos grupos opten por acciones de hecho, como el desconocimiento de autoridades o la toma de instituciones. Éstas son las condiciones en las que Bolivia cierra el año 2017.
El autor es sociólogo
