Sin discriminación para los puestos de trabajo en la universidad
Muchos hemos visto alguna convocatoria pública para docente de las universidades del Sistema Público; sin embargo, la posibilidad de presentar la candidatura es vetada para los profesionales graduados en la universidad privada. Este sólo hecho coarta el derecho a acceder a un trabajo y es discriminador. Hoy en día, vivimos en un país que fomenta la igualdad de oportunidades de promover un sistema de educación superior compuesto por instituciones públicas, privadas, indígenas y de régimen especial (Art. 55, Ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez).
En este sentido, el Art. 92.III y el Art. 94.II indican que las universidades públicas y privadas estarán autorizadas para expedir diplomas académicos, las universidades públicas podrán extender títulos profesionales y las privadas también a través del Estado. Estos títulos tienen el respaldo del Estado Boliviano a través del Ministerio de Educación y son válidos en todo el país. Por lo tanto, no deberían impedir a una persona a postularse al cargo que desea porque sería desconocer un diploma otorgado por el Estado boliviano y discriminar al profesional por el lugar donde realizó sus estudios.
Muchos docentes de la universidad pública en Cochabamba indican que su reglamento de docencia les prohíbe contratar a profesionales de universidades privadas. Pero de acuerdo al Art. 46°, el proceso de selección está abierto a los profesionales nacionales y extranjeros (con residencia legal) que posean grado académico y reúnan los requisitos señalados en el presente Reglamento (Art. 4). Este artículo 4 indica que es docente universitario aquel profesional con grado académico…, con Título profesional en Provisión Nacional, …dedicado a la enseñanza universitaria, investigación, producción y administración académica enmarcado en los objetivos de la Universidad Autónoma. Este, último aspecto no representa un impedimento, ya que cualquier profesional que ingresa a trabajar en una institución, sea ésta pública o privada, debe identificarse con los objetivos de la organización.
Por esta razón, y como lo indica el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo sin discriminación alguna. Hago votos porque este principio prevalezca sobre los principios instituidos por la universidad pública y se pueda abrir las oportunidades a los profesionales de las universidades privadas a acceder a trabajos en estos lugares basados en sus competencias profesionales, académicas y de investigación.
La autora es economista
Columnas de KATHYA CÓRDOVA POZO
