El juicio a Goni
Ha terminado la presentación de pruebas y testigos en el juicio por responsabilidad civil que llevan a cabo las víctimas de Octubre 2003 contra Gonzalo Sánchez de Lozada y su Ministro de Defensa. El jurado, compuesto por 10 ciudadanos, tendrá que ponerse de acuerdo para declarar culpables o inocentes a los demandados, salvo que el juez decida cambiar el proceso.
Este juicio deriva de uno anterior que concluyó que los hechos de violencia y sus consecuencias no fueron intencionalmente provocados por los gobernantes, sino que se recurrió de manera legítima al uso de la fuerza militar con el fin de restablecer el orden. La posibilidad de resarcir los daños que demandan los familiares depende de que se demuestre que hubo intención de causar daño y se planificó la violencia
Después de 15 años de los hechos, en Fort Lauderdale se demostró que murieron personas inocentes, como la niña Marlene Rojas. Que también murieron soldados y que éstos fueron atacados por fuego cruzado. Que El Alto y La Paz vivieron una situación de convulsión social y escasez de alimentos y carburantes, y que los dueños de surtidores pidieron protección militar y un decreto que comprometiera la reposición de los eventuales daños que pudieran sufrir sus propiedades. Se estableció que los militares tomaron las decisiones operativas y que dispararon cuando fueron atacados con dinamitas, molotovs y armas de fuego. Algunos testimonios aseguran que en los conflictos se planteaban dos posiciones entre los ministros: una por el diálogo y otra por la legalidad y el orden. En su defensa, el ex Presidente y sus ministros mostraron pruebas de sus esfuerzos por dialogar, así como declaraciones de los dirigentes opositores a su gobierno que rechazaron esa posibilidad.
Pasaron por la corte familiares de los fallecidos, militares, soldados, sacerdotes, ex autoridades del gobierno y la alcaldía paceña, incluyendo los demandados, así como expertos forenses y en balística. Un hecho notable es que los abogados de las víctimas desistieron de llamar al estrado al ex Presidente, pese a que ya lo habían requerido, y tampoco hicieron uso de su derecho a interrogarlo cuando lo convocaron sus propios abogados.
Lo único real y comprobado es el dolor de los familiares, que a pesar del tiempo transcurrido sigue latente en todos los bolivianos. Los informes forenses no permiten determinar detalles de las causas de las muertes y los balísticos mostraron que todos los casos pudieron haber sido muertes accidentales, no necesariamente causadas por los militares. Tal el caso de la niña, que murió por una bala de fusil Mauser, que no utiliza el ejército desde muchos años antes de los sucesos.
Lo que estará en la mesa del jurado parece reforzar las conclusiones de la anterior fase del juicio: había un estado de convulsión social y se utilizó la fuerza policial y militar para tratar de restablecer el orden. Un experto de la OEA, que estuvo el 2003 en Bolivia, aseguró que la respuesta de las autoridades fue proporcional. Los militares actuaron cuando la Policía fue rebasada, y siguieron protocolos que buscaban desalentar los ataques y responder a ellos solamente cuando el peligro fuera evidente.
Todos concuerdan en que murieron personas inocentes, pero no es posible determinar con precisión quiénes fueron los responsables. Por lo menos desde que los decretos de amnistía del gobierno de Carlos Mesa impidieran realizar investigaciones independientes sobre el papel que jugaron los dirigentes de las organizaciones movilizadas en aquellos oscuros días.
La autora es boliviana residente en Londres
