AFP Previsión y la demanda de arbitraje
Con la noticia de que una de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP Previsión, tiene presentada una demanda de arbitraje contra el Estado Boliviano con el propósito de obtener una indemnización, varios medios de prensa y otros opinadores vienen publicando una serie opiniones sobre este tema por lo que considero necesario analizar en detalle varios aspectos.
Como antecedente se tiene que las AFP, que representan grupos financieros internacionales, fueron contratadas para administrar las pensiones en Bolivia durante el gobierno del ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, periodo neoliberal en que estuvo en auge la capitalización y la entrega a manos privadas de la administración de los servicios estratégicos del país, tal como ocurrió con la Seguridad Social de Largo Plazo.
En la actualidad, la administración de las pensiones en Bolivia y hasta que concluya el periodo de transición a la Gestora, definido en la Ley N° 065 de Pensiones, está a cargo de las AFP Previsión y Futuro de Bolivia bajo un marco normativo y contractual en el que se tienen establecidos derechos pero también obligaciones, las que la AFP Previsión, desde tiempo atrás, no ha dado un cumplimiento cabal a las normas de prestaciones, cobranza e inversiones derivando en procesos sancionatorios en los cuales se ha demostrado que se tiene establecida responsabilidad, según información publicada en la página web de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS
De lo expuesto precedentemente, lleva a concluir que la administración de AFP Previsión no fue ni es de las mejores, pese a que desde el año 1997 viene recibiendo como pago por el servicio que presta altos ingresos por concepto de más de una comisión a diferencia de la Gestora, que en lo futuro cobrará una sola comisión por la administración de las pensiones de las y los bolivianos, como señala el artículo 151 de la Ley 065.
Entre 1997 y 2017 de acuerdo a lo extractado de las Memorias Institucionales, la AFP Previsión ha obtenido $us57,9 millones de dólares por utilidades, recursos que no se han quedado en el país, dejando de lado el realizar inversiones para mejorar la administración del sistema de pensiones a las que está obligada por norma y contrato a hacerlas.
Sobre el carácter indefinido del contrato suscrito el año 1997 con la AFP Previsión, el que tenga esta cualidad fue y es responsabilidad del gobierno de turno, aspecto que ahora está siendo utilizado como un argumento por la AFP Previsión.
Por otro lado, la afirmación de que la controversia de la AFP Previsión contra el Estado boliviano será ante el Tribunal del Ciadi, no tiene fundamento técnico ni legal, porque la demanda se enmarca en el Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y Bolivia – Appri, además que el Estado Boliviano no forma parte de éste desde el 4 de enero de 2012.
En este ámbito la controversia instaurada se desenvolverá bajo el reglamento de la Appri que por disposición de su procedimiento se considerará bajo un mecanismo complementario aplicado por el Ciadi, y no ante esta instancia.
Finalmente, cabe señalar que la Constitución Política establece que el Estado garantiza, respeta y protege todas las inversiones extranjeras más aun cuando estas se realizan debidamente, pero también actúa en resguardo de sus intereses cuando considera que los términos acordados no se cumplen.
El autor es abogado
