Republiqueta

Columna
RATIO IURIS
Publicado el 21/10/2018

El gobierno se equivoca al no salir al frente ante actos hostiles que impiden el ejercicio de derechos políticos. Lo acontecido en el Chapare, y las amenazas de otras organizaciones afines al oficialismo,  dan cuenta de actitudes que exigen su  inmediata intervención como titular de la administración del poder.

El propósito no puede ser otro que hacer prevalecer el Estado de Derecho. Es lo menos que debemos exigir. Esa es una obligación imperativa y mandatoria, más allá de las facultades de competencia del TSE. No pueden por tanto, pasar desapercibidas y menos soslayadas, las acciones de hecho y las amenazas que se han vertido recientemente. Son inadmisibles e intolerables.

Nadie, en el territorio nacional, puede arrogarse atribución para impedir  el libre tránsito de personas y peor aún, desconocer que todos los derechos reconocidos en la CPE son de aplicación directa y gozan de iguales garantías para su protección.  En buen romance, esto significa que derechos y deberes, bajo el amparo constitucional, son libres e irrestrictos en cuanto a su ejercicio y protección, sin que exista poder humano que pueda impedirlo.  Por ello hago referencia y subrayo el yerro gubernamental, agravado por su silencio, incomprensible en tiempos de democracia. 

Piensan que es mejor no decir nada ante la bravuconada de alguno de sus adherentes. Se equivocan. Esa actitud tiene un efecto contrario. La gente está razonando en sentido diverso al punto que la victimización de los ofendidos, lo que hace es generar mayor adeptos. Hacen mal por tanto, en creer que impidiendo el paso a otros partidos políticos allá donde consideran es su reducto, se evitará el crecimiento de éstos. Fatal error. Incluso en zonas consideradas masistas –el Chapare, la principal– sino fuera por la presión sindical ejercida por la dirigencia que tiene mucho interés en ello, probablemente haya varios que no asistirían a concentraciones o varios que no se inscribirían al MAS. Por tanto, es un desafío ineludible de la democracia y el Estado de Derecho, inter alia, lograr la libre expresión y determinación ante el matonaje sindical.

Es un imperativo que la persona que ha asumido el derecho de habitar en determinado lugar, tenga también derecho a decidir si participa políticamente o no, y si lo hace, con quién. Además, claro está, libertad para hacer uso de todos los derechos que la CPE prescribe sin temor a la represalia, y sin que se vea expuesta a chantaje y amenazas frente a la presión y abuso del partido de turno.

Con seguridad que muchas sorpresas nos llevaríamos si comenzamos a democratizar la participación y afiliación política en zonas consideradas de riesgo. Y basta como ejemplo, las recientes declaraciones del concejal opositor Limbert Condo  de Shinahota. “... he apoyado buenas ideas del oficialismo; pero es durísimo, es vivir entre amenazas(…) teníamos todas las posibilidades de ganar, pero indujeron al voto con el chantaje de la erradicación del cato de coca. El día de votación cortaron el cato de nuestro aspirante a alcalde, fue terrorismo político sindical”, dijo. Por tanto, no cabe aquí el discurso recurrente  del proceso de cambio para justificar tal exceso y toda esa perorata sofista en etapa pre-electoral y en plena confrontación ante la ilegal candidatura del binomio presidencial. Aquí lo que importa es el respecto a la CPE y a los derechos de las personas, sean masistas o no,  y también, la obligación de su protección por el Estado a través del gobierno de turno. Termino aquí: en esta materia no puede existir contemplación de ninguna índole. Por ello insisto que la lectura del gobierno no es correcta y que el hacerse al desentendido frente a actos de manifiesta ilegalidad de sus dirigentes, les ocasionará electoralmente un efecto contrario. El ciudadano está hastiado de un formato de gobierno que ha descuidado muchas cosas y malversado otras. Con el abuso y el atropello, quien pierde hoy, es el MAS.

 

El autor es abogado.

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