Libertad académica y Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Columna
Publicado el 08/02/2019

Entre el 7 y el 16 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevará a cabo su 171° período de sesiones en Sucre, Bolivia. Las audiencias públicas serán del 13 al 15 de febrero, lo que representa una oportunidad para que la comunidad jurídica, los medios de comunicación y el público puedan conocer cómo funciona el Sistema Interamericano (SIDH), así como los desafíos en derechos humanos en la región.

Dentro de estos desafíos, podemos destacar la necesidad de priorizar la protección de la libertad académica y la autonomía universitaria. En los últimos años hemos visto como profesores y estudiantes han sido víctimas de ataques, los cuales incluyen asesinatos, secuestros, violaciones a las garantías procesales, despidos injustificados y violencia de género.  

De acuerdo con el informe anual de la red de “Académicos en Riesgo” (======Scholars at Risk=====), se han registrado 165 ataques en las Américas entre el 2012 y agosto de 2018. De estos, más de 70 casos tienen que ver con afectaciones al derecho a vida, integridad y libertad personales. Hay casos en México, Guatemala, Nicaragua y Venezuela, entre otros, en los que se ve un patrón común: acciones perpetradas por integrantes de la fuerza pública o milicias paraestatales, llevadas a cabo como actos de represión contra protestas lideradas por miembros de comunidades académicas.

En lo que se refiere a violencia de género, se han reportado incidentes en Colombia, Estados Unidos, México y Chile, entre otros, que involucran acoso sexual y represalias profesionales contra activistas. Estos casos limitan visiblemente la expresión académica, incluido el derecho a hablar públicamente sobre la gestión de la propia institución, perjudicando el acceso equitativo a la educación tanto para los estudiantes como para el profesorado.

Independientemente del tipo de afectación, la gran mayoría de estos casos quedan en la impunidad y, lo que es peor, los Estados no adoptan las medidas necesarias para prevenir que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir. Por seguir el ejemplo de casos de violencia sexual, ¿cuántas universidades cuentan con protocolos para la prevención, denuncia y tratamiento de casos de acoso laboral o violencia sexual?

La libertad académica es un derecho que generalmente es asociado con la libertad de opinión y de expresión, así como el derecho a la educación. Pero más allá del vínculo con estos derechos, la libertad académica tiene un contenido propio que debe ser protegido por los Estados. De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, la libertad académica incluye la libertad de investigación y de expresión, la posibilidad de desempeñar sus funciones sin discriminación ni miedo a la represión del Estado o cualquier otra institución, así como la participación en organismos académicos profesionales o representativos.

El SIDH y la Convención Americana sobre Derechos Humanos protegen a todas las personas de violaciones al debido proceso, ataques al derecho a la vida y a la integridad personal, entre otros. Sin embargo, un aspecto que hemos dejado de lado es el papel que juegan las universidades en el fortalecimiento de la democracia y la construcción de una sociedad crítica y libre. La CIDH hizo referencia a esta relación en un reciente reporte temático sobre la situación en Nicaragua.

Este ejercicio de libertad académica debe ser ejercido sin ninguna forma de presión o interferencia. Sin embargo, el año pasado se pudo ver como en Colombia, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Brasil, México y Chile, los universitarios fueron víctimas de cruentas represiones cuando trataron de elevar sus voces opositoras frente a los gobiernos de turno o a los que mostraban algún tipo de liderazgo en las encuestas electorales.

En la audiencia que la CIDH llevará a cabo el 15 de febrero sobre este tema, nuestro objetivo es mostrar algunos de los patrones bajo los cuales se llevan a cabo estas afectaciones a la libertad académica, las cuales se presentan independientemente del lineamiento ideológico de los gobiernos. Esto no es un problema de posición política, es un problema de derechos humanos.

Finalmente, durante estos años de monitoreo en la región, el análisis de SAR ha revelado que muchas de las violaciones a la libertad académica no son reportadas o son opacadas significativamente por otros casos relacionados. Esto ha evitado que las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos ubiquen la protección de la educación superior en el análisis y que los ataques al diálogo académico hagan parte de la lista de riesgos que atentan contra la creación y el mantenimiento de sociedades política y socialmente sanas.

 

Los autores son miembros de la Clínica Jurídica del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa
caran013@uottawa.ca

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