El caso Odebrecht y el rol del aparato judicial
Esta semana que acaba estuvo marcada por un hecho sorpresivo: el suicidio del expresidente peruano Alan García minutos antes de ser aprehendido por el caso Odebrecht, ese escándalo que en Perú involucra a cuatro exmandatarios con coimas millonarias pagadas por esta empresa brasileña.
A García se le acusaba de haber recibido siete millones de dólares por supuestas irregularidades en la adjudicación del metro de Lima.
Pedro Pablo Kuczynski es otro de los expresidentes en la mira. Está sindicado por la Fiscalía de que dos empresas de asesoría relacionadas con él recibieron 4,8 millones de dólares de Odebretch por trabajos realizados entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007, cuando aún no era presidente.
Alejandro Toledo es el tercer expresidente investigado y se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares de soborno.
La lista se completa con Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, quienes estuvieron en prisión preventiva acusados de lavado de activos en detrimento del Estado y asociación ilícita para delinquir. La Fiscalía sostiene que Humala recibió para su campaña tres millones de dólares de la empresa constructora que, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, montó la mayor red de sobornos de la historia para beneficiarse de adjudicaciones de millonarios proyectos.
Se estima que la compañía habría pagado cerca de 788 millones de dólares en sobornos. Los escándalos salpican a diversas naciones, como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Venezuela y Perú.
La muerte de García causó una ola de críticas a la Fiscalía peruana, a la que algunos sectores acusan de “odio visceral” y hasta “persecución fascista” contra algunos involucrados.
Políticos han intentado aprovechar lo sucedido para desvirtuar y cuestionar el trabajo del aparato judicial. Mientras, algunos analistas, sectores de la población y medios de comunicación ven excesos o abusos al momento de aplicar la ley.
Pero la Fiscalía y los jueces, lejos de amilanarse, siguen adelante con los procesos y el aparato judicial le acompaña con las medidas. Este viernes un tribunal peruano ordenó la prisión preventiva para Kuczyinsky, internado en una clínica por una dolencia cardiaca.
Es más, la semana próxima se viene intensa, ya que el exsuperintendente de la empresa Odebrecht en Perú, Jorge Barata, responderá en Brasil ante los fiscales peruanos. Se aguarda que surjan otros acusados. El trabajo de la Fiscalía y jueces marca la diferencia en un país golpeado por la corrupción y muestra la importancia de que el Ministerio Público y el resto del aparato judicial no sucumban a las presiones políticas de uno y otro lado. Es de esperar que los procesos se ejecuten apegados a las leyes y respetando los derechos, evitando así una cacería de brujas.
