El MAS ante el desafío de la corrupción
Una vez más, tal como desde hace dos años ocurre con cierta frecuencia, el presidente Evo Morales se ha mostrado muy preocupado por el costo político que su partido, su gobierno y él en lo personal, están pagando por culpa de la corrupción. Así se entienden los recientes discursos en los que el primer mandatario afirmó que hay voces que le piden el cambio de algunos funcionarios que dañan su imagen, tras los últimos hechos de corrupción en esferas del Gobierno y de la Policía.
La creciente importancia que este tema ocupa entre las preocupaciones presidenciales, y seguramente también entre sus asesores de campaña propagandística, tiene largos antecedentes. Ya son muchas las ocasiones en que Morales ha anunciado su decisión de hacer frente a la corrupción. Anuncios que se repiten cada que arrecia la ola de denuncias, investigaciones, juicios y condenas mediante las que salen a la luz pública millonarios negociados y llevan a la cárcel a personas que en algún momento parecían intocables.
Cada que eso ocurre, se renuevan las esperanzas en la posibilidad de que, si no por un imperativo ético, por lo menos por un elemental sentido de pragmatismo electoral, en las filas gubernamentales terminen imponiéndose las corrientes favorables a la lucha contra la corrupción por encima de las que anteponen la lealtad hacia sus correligionarios.
Lamentablemente, las esperanzas terminan diluyéndose una y otra vez pues, con muy raras excepciones, siempre acaba imponiéndose la impunidad. Sin embargo, el tema vuelve a ser una y otra vez motivo de rencillas en las filas oficialistas porque, como lo indican todas las encuestas, la corrupción y la impunidad son dos males percibidos por la ciudadanía como los puntos más débiles del oficialismo, lo que confabula en contra de cualquier posibilidad de éxito en próximas batallas electorales.
A lo anterior se suman las aleccionadoras experiencias de países vecinos. Es el caso de Venezuela, la Argentina de los Kirchner y Brasil del Partido de los Trabajadores, donde los que parecían muy prometedores y sólidos proyectos políticos terminaron sumidos en el descrédito por la pasividad con que fueron devorados por la corrupción.
Con tales antecedentes, y asumiendo que las fuerzas gubernamentales no desearían correr similar suerte, es comprensible que le den a la lucha contra la corrupción un lugar privilegiado en su agenda. Si lo hacen, sin duda el proyecto político que enarbolan será el más beneficiado lo que, por supuesto, sería también muy bueno para nuestro país.