Las empresas estatales, un agujero negro

Editorial
Publicado el 11/06/2019

Hace unos días, en una nota periodística publicada en las páginas de este matutino se ha informado que por séptimo año consecutivo, de 2012 a 2018, las empresas públicas en su conjunto han contribuidoun déficit fiscal. Sólo en 2018 los gastos del Estado superaron a sus ingresos en 2,2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

El tema no es nuevo. Por el contrario, prácticamente no hay día que pase sin que salga a la luz pública alguna mala noticia sobre las empresas estatales. La más reciente de ellas es la que da cuenta del estado de quiebra técnica en que está sumida la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba). Según un informe publicado por el diario paceño Página Siete, esa empresa ha registrado pérdidas por un valor de 243,5 millones de bolivianos en ocho de los nueve años que funciona. Cerró la gestión 2018 con un patrimonio neto negativo que llegó a 275,7 millones de bolivianos. Es decir, Easba debe más de lo que posee.

Millones de dólares más o menos, lo mismo puede decirse de otras empresas estatales. Y si bien algunas ya fueron cerradas para detener la sangría del erario público, hay otras que siguen siendo una muy pesada carga para las cuentas fiscales. Y lo peor es que los números rojos no dejan de crecer con cada año que pasa.

La lista de empresas deficitarias ya es muy grande, pero sigue creciendo. Ahí están la Empresa Boliviana de Almendras (EBA), Cartonbol o Papelbol, entre las más representativas de la intervención estatal en actividades productivas que no corresponden al sector estratégico de la economía. A esa especie de agujero negro se debe sumar las de reciente creación, como la Empresa de Cementos de Bolivia (Ecebol) y la Empresa Pública Productiva Envases de Vidrio de Bolivia (Envibol).

Los montos dilapidados de esa manera no son pequeños. De acuerdo con datos del Presupuesto General del Estado, para 2019 el Ejecutivo asignó una partida de 75,6 millones bolivianos de gastos consolidados para las empresas públicas, 39,6 por ciento más que en 2018.

Ante tal panorama, hay dos tareas urgentes. Una es que los autores del descalabro de empresas públicas sean identificados y rindan cuentas al país por sus actos. La otra es que las fórmulas opositoras digan al país con toda claridad qué se proponen hacer al respecto, ante la eventual posibilidad de que asuman la conducción de nuestro país.

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