¿Y los senadores y diputados?

Salvando los violentos ampliados que realizan los masistas para intentar nominar a sus candidatos a senadores y diputados en las próximas elecciones de octubre y la promesa del candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, de que en todos los departamentos será una mujer la que ocupe la primera candidatura a una senaduría, no se sabe nada de quienes están aspirando a ocupar algún curul en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Se trata, sin duda, de una nueva muestra más de cómo el MAS y su inconstitucional binomio han llevado al país a privilegiar el caudillismo. Al parecer, sólo importa conocer a los aspirantes al Rascacielos Presidencial, cuando, en verdad, es probable que la ALP recupere su importante papel en la próxima gestión porque, salvo un monumental fraude (que, en todo caso, es posible presumir que no será tolerado), ya no habrá la hegemonía masista que desde 2010 ha hecho tanto daño al país y al sistema democrático.

La Asamblea Legislativa cumpliría, por fin, las funciones que le asigna la Constitución Política del Estado (CPE), pudiendo convertirse en el más importante espacio de debate político y de necesaria concertación para el mejor funcionamiento del aparato estatal:

En ese sentido, las organizaciones que tercien en las elecciones de octubre deberían seleccionar con especial cuidado a sus candidatos, hombres y mujeres, a senadores y diputados, porque cumplirán un papel importante en la vida democrática del país. Esto significa imponerse la obligación de no elegir “levanta manos” ni potenciales tránsfugas o estudiantes a maestrías en la sede de gobierno ni leales amigos del candidato presidencial, sino ciudadanos idóneos dispuestos a cumplir con responsabilidad, compromiso ético y valor su función de legisladores.

Ante esa realidad, reitero, preocupa que no surjan aún propuestas y que, como ha ocurrido siempre, se esté al filo del cierre de los libros de inscripción para la identificación de los candidatos.

Esa práctica era, aunque nunca justificada, relativamente aceptada porque, revisando la experiencia, las diferentes corrientes que cohabitaban en un partido político y, más aún, en una alianza, trataban, hasta el último momento, que sean incluidos en las listas personas que les eran afines. Pero, en estos tiempos de caos y anomia política, mantener esa práctica contiene algo de actitud suicida, porque, más bien, se requiere de gente que tenga mucho más que buenos niveles de popularidad o influencia interna.

Además, no hay que olvidarse que los nuevos representantes sucederán, en el lado opositor, a legisladores, hombres y mujeres, que salvo honrosas excepciones se convirtieron en gestores de intereses corporativos en sus regiones, sin mostrar capacidad de transformarse, gracias al espacio legislativo, en referentes políticos en sus departamentos, menos a nivel nacional.

En el campo actualmente oficialista, sus legisladores han sido groseramente utilizados por las autoridades del Órgano Ejecutivo, que los convirtieron en meros instrumentos de aprobación de sus instrucciones y, para peor, en legitimadores obsecuentes de políticas erradas y escudos de denuncias de corrupción e incapacidad.

Ahora, ante la posibilidad de que se recupere un equilibro entre las diversas fuerzas políticas representadas en la ALP, los legisladores deberían actuar como tales para que no haya aplanadora oficialista que pueda acallar a la oposición y ambos sectores puedan argumentar la fiscalización, la crítica y la defensa de las políticas y decisiones de quienes asuman la conducción del Ejecutivo, en pleno ejercicio del principio constitucional de independencia, separación, coordinación y cooperación entre los órganos del Estado.

En definitiva, es posible reiterar que el papel que cumplirá la ALP en la gestión 2020-2025 será clave para recuperar el Estado de Derecho y reinstitucionalizar el sistema democrático bajo parámetros de respeto a la CPE y las leyes, transparencia, defensa de los derechos humanos y equidad.

El autor fue director de Los Tiempos